Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien huyó a Israel y acusado por delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, está acusado de delitos graves como desaparición forzada y coacción de servidores públicos.
Un juzgado mexicano ha rechazado el recurso de amparo presentado por los abogados del exjefe de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República (PGR), Gualberto Ramírez Gutiérrez, huido a Israel y acusado por delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal ha argumentado que las dos órdenes de aprehensión que se han dictado en su contra son por delitos graves como desaparición forzada y coacción de servidores públicos.
Zerón vive en Israel, país con el cual México no tiene tratado de extradición. El subsecretario Alejandro Encinas acudió a ese país para hablar con él para negociar su entrega.
La orden de aprehensión en su contra fue emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Oriente. El caso Ayotzinapa ha deparado también la detención del exfiscal Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura.
Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.
La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos refutados posteriormente por una nueva investigación.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa reveló en octubre del año pasado que el Ejército mexicano tenía información sobre este caso desde 2014, como denunciaban las familias de las víctimas, y que no fue entregada pese a haber un decreto presidencial de 2018 que obligaba a ello.
