La Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó que la entrega de programas sociales en eventos masivos efectuados en el Estado de México haya sido un mecanismo de compra y coacción del voto.
En su sesión de hoy, seis magistrados –no asistió la presidenta Janine Otálora— avalaron la decisión tomada por el Tribunal Electoral del Estado de México, que declaró inexistente la violación de la ley por la distribución de dichos beneficios sociales.
Morena señaló que dicho tribunal no fue exhaustivo ni tomó en cuenta que la intensidad, frecuencia e impacto social que alcanzó el reparto de apoyos en especie o en dinero en eventos masivos sí influye y trastoca la neutralidad y la equidad de las elecciones.
Los magistrados declararon infundados los argumentos de Morena, al señalar que el tribunal local sí analizó la posible vulneración de la ley y consideró, entre otras cuestiones, que los programas sociales no se deben suspender para evitar la parálisis del gobierno.
Sin debatir el tema, definieron que la suspensión de programas es excepcional cuando así lo marca la norma, que en el caso del Código Electoral establece que durante los 30 días anteriores a la jornada electoral las autoridades locales se abstendrán de operar programas sociales y de apoyo comunitario.
Además, dijeron, según la cuenta presentada en la sesión, que Morena no presentó pruebas para acreditar la coacción del voto en la entrega de programas sociales.
Por esta razón, se confirmó la resolución tomada por el Tribunal Electoral mexiquense.
Fuente: La Jornada
