Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazaron las casi 300 mil firmas de ciudadanos que demandan la invalidez de la elección presidencial aportadas por la izquierda y a la que calificaron como una acción de intereses difusos.
Por unanimidad, resolvieron que de las firmas y los escritos aportados por los impugnantes ni siquiera está claro el carácter que debiera reconocerse a estos ciudadanos, puesto que no son ni pueden ser actores, no pueden comparecer como terceros interesados ni como coadyuvantes.
Presentadas las firmas como un incidente de apoyo al juicio de inconformidad, los magistrados declararon infundada la petición aduciendo razones jurídicas y prácticas.
Entre las primeras está el hecho de que la legislación y la jurisprudencia otorgan la calidad de actores exclusivamente a los partidos políticos, y de coadyuvantes sólo a los candidatos.
Además, resaltaron que en un proceso jurisdiccional electoral no es necesario que acudan los millones de personas que votaron, puesto que la misma ley prevé quiénes son los legitimados para concurrir.
Entre las razones prácticas para rechazar la pretensión del Movimiento Progresista, destacaron que la coalición de izquierda ya está defendiendo su causa de solicitar la invalidez de las elecciones y no aportan ningún argumento nuevo.
El 22 de agosto, la coalición de izquierda presentó 79 mil 738 firmas de ciudadanos que respaldan la pretensión de anular la elección presidencial, mencionaron.
La víspera, el Movimiento Progresista agregó otras 204 mil 73 firmas en el mismo sentido, mismas que el TEPJF tuvo y en razón de las consideraciones anteriores, se dio como no presentadas, añadieron.
En la sesión de hoy, la Sala Superior del Tribunal rechazó también la solicitud de Hugo Amos Torres, quien pidió participar como tercero interesado en el juicio de inconformidad 359/12 por el que se solicitó la invalidez de la elección.
Además, fue rechazada una impugnación sobre la asignación de senadores por el principio de representación proporcional debido a que la han impugnado y ha quedado resuelto definitivamente.
Por otro lado, la comisión encargada de elaborar el proyecto de calificación jurisdiccional, y en su caso la declaración de validez y de presidente electo, hizo nuevos acuerdos para la sustanciación del juicio con el fin de ponerlo en estado de resolución, al dar por desahogados los incidentes y requerimientos.
Los representantes del Movimiento Progresista acudieron a la sede del TEPJF a entregar su documento de alegato final, en el que inscriben su queja de que las autoridades electorales no garantizan elecciones auténticas y libres, ni la tutela judicial efectiva propia de un Estado de derecho.
En el escrito, los representantes de la izquierda mexicana reiteran que en su opinión, desde los propios órganos electorales, se está construyendo una “verdad legal” apoyada por medios de comunicación y poderes fácticos para favorecer al candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto.
Censuraron que se haya dado carpetazo a las investigaciones contra el aspirante priista y su partido, a pesar de la gran cantidad de pruebas aportadas y a hechos notorios como el despilfarro de recursos en la campaña, señalaron.
De su lado, el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, advirtió que al parecer ya está lista una resolución a favor de Peña Nieto, sin que a su decir se haya realizado una investigación exhaustiva de todos los hechos denunciados.
