De manera “categórica” la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la campaña que se lleva a cabo en México para desprestigiar a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en las investigaciones sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.
“La CIDH rechaza en forma contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Álvarez Icaza Longoria, por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación”, destacó en un comunicado el órgano jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“La Comisión desea destacar que Emilio Álvarez Icaza Longoria, en su carácter de secretario ejecutivo, al firmar el acuerdo de cooperación con México, actúo en representación de la Secretaria General de la OEA, a través de la figura de Delegación de Firma”, enfatizó.
La CIDH aclara, en términos de lo que se argumenta la denuncia contra Álvarez Icaza Longoria, entregada a la Procuraduría General de la Republica (PGR), que la contribución financiera del gobierno de México para las investigaciones del caso Ayotzinapa, se depositó directamente a las cuentas de la Secretaria General de la OEA. Por esto, la CIDH subraya que no le toca ni tocó administrar los recursos ni mucho menos a Álvarez Icaza Longoria.
“La CIDH expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada”, establece el comunicado de prensa.
Además de la denuncia contra Álvarez Icaza Longoria presentada ante la PGR, en algunos periódicos de circulación nacional del país, articulistas y columnistas han llevado a cabo una campaña de desprestigio en contra de los integrantes del GIEI, que gracias a ellos, el gobierno de Enrique Pena Nieto, se vio obligado a desmentir la “verdad histórica” que a principios de 2015, había determinado el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam.
La CIDH indica que fue por iniciativa del mismo gobierno de Peña Nieto, y bajo un acuerdo firmado en 2014, que se seleccionó a los cinco expertos y expertas que integran al GIEI.
“En el transcurso de su mandato, el GIEI ha emitido cuatro informes. El informe de investigación y primeras conclusiones fue presentado el 6 de septiembre de 2015”, matiza la CIDH, anotando que posteriormente a esto, y “a solicitud del Estado Mexicano y de los representantes de las víctimas”, el mando del GIEI fue renovado por un periodo adicional de seis meses.
La CIDH reiteró su respaldo al GIEI y también “en forma categórica” al trabajo de su Secretario Ejecutivo.
De Álvarez Icaza, la CIDH anota que “en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además expresa su confianza absoluta en la probidad de su secretario ejecutivo”, concluye el comunicado de prensa.
Fuente: Proceso
