Los elementos de la Sedena habrían salido bajo fianza el 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, mientras que tres permanecen en una prisión militar de la Ciudad de México.
“El Tribunal Unitario tuvo que ordenar que se girara orden de reaprehensión contra los militares. Esta orden permaneció sin cumplirse por 16 meses, como denunciamos desde el Centro Prodh. Hoy trasciende que ha sido cumplida”, informó este jueves el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En la madrugada del 30 de junio de 2014, 22 personas fueron asesinadas por soldados durante un enfrentamiento en una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, colindante con la capital mexicana.
👨👩👧👧Familiares de las víctimas, presentaron un amparo en contra del auto que ordenó la libertad de los militares. El Tribunal Colegiado que lo resolvió en 2019 ordenó tomar en cuenta los testimonios de las víctimas y un peritaje desestimado.
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— Centro Prodh (@CentroProdh) April 1, 2021
Según la versión inicial ofrecida por el Gobierno del entonces Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los fallecidos eran presuntos delincuentes que murieron durante un enfrentamiento armado con los militares.
Pero dicha versión fue desmentida por uno de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio.
Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega.
EL PROCESO JUDICIAL
Según recordó este jueves el Centro Prodh, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) presentó cargos contra siete militares por la ejecución de ocho personas, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “en todo momento negó la existencia de ejecuciones”.
“Una vez que los militares fueron detenidos, se les dictó auto de formal prisión. Sin embargo, un tribunal de segunda instancia revocó esta determinación en 2016”, indicó la ONG.
Al mismo tiempo, no agota los pendientes de la justicia en el caso: sigue siendo indispensable que se determine cabalmente el número de víctimas y que se investigue la cadena de mando de la orden de abatir.
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En 2019 y tras un amparo contra el auto de libertad de estos soldados, un Tribunal Colegiado resolvió tomar en cuenta los testimonios de las víctimas y un peritaje que había sido desestimado.
Finalmente, el Tribunal Unitario ordenó el arresto de estos siete militares. Una decisión que tardó 16 meses en producirse, pero que finalmente “ha sido cumplida”.
La nueva captura “de los responsables es relevante. No habría ocurrido sin la perseverancia de las víctimas y sin el control del Poder Judicial sobre la investigación”, concluyó el Centro Prodh, que pidió que se determine “cabalmente” cuántas víctimas dejó el suceso y se investigue “la cadena de mando”.
Según el diario El Universal, que adelantó la noticia este jueves, los militares fueron detenidos a mediados de marzo, sin que se informara a la opinión pública.
Según el periódico, cuatro de los efectivos de la Sedena salieron bajo fianza el 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, mientras que tres permanecen en una prisión militar de la Ciudad de México.
Todos los militares detenidos están acusados de ejercicio indebido del servicio público, y tres de ellos enfrentan además acusaciones por homicidio.
Fuente: EFE
