La Procuraduría General de la República (PGR) aceptó que representantes de Naciones Unidas (ONU) y de derechos humanos apliquen el Protocolo de Estambul a cinco personas acusadas de detonar un coche-bomba en Juárez el 15 de julio de 2010, así como del asesinato de dos agentes federales en agosto del mismo año, con el fin de determinar si fueron torturados para que se declararan culpables y, de ser así, puedan quedar en libertad.
Por Patricia Mayorga
A partir del martes 26 y durante tres días, los expertos realizan estudios psicológicos a dos de los detenidos que serán seleccionados de manera aleatoria, luego de que Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, se comprometiera a ello ante familiares de los acusados y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, que coadyuva en la defensa.
En agosto de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 75/2012 en la que encontró indicios de que los inculpados fueron torturados para declararse culpables de detonar un coche-bomba en la frontera.
Un año antes, el grupo de cinco personas de entre 19 y 29 años platicaba afuera de la casa de uno de ellos cuando llegaron agentes federales en cuatro camionetas y los aprehendieron.
Más tarde, fueron subidos a un avión para ser interrogados en las oficinas centrales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Noé Fuentes Amaya, de 29 años; Rogelio Amaya Martínez, de 27; Gustavo Martínez Rentería, de 24; Víctor Manuel Martínez Rentería, de 19, y Ricardo Fernández Lomelí, de 28, fueron acusados de detonar el coche-bomba el 15 de julio de 2010, así como de asesinar a dos policías federales en agosto del mismo año.
En la explosión fallecieron elementos federales y un médico, por lo que los detenidos fueron obligados a aceptar cargos de delincuencia organizada, tráfico de de drogas y armas.
Las lesiones inflingidas por sus torturadores obligaron a su internación hospitalaria por al menos un día, según documentó la asociación civil Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
El calvario de las familias se ha intensificado cada vez más, debido a que luego de tres años y tres meses de su detención, ahora los tienen lejos y sus posibilidades económicas están menguadas.
Sin haber recibido sentencia porque el Ministerio Público federal se empeña en dilatar el caso –acusa el Centro Paso del Norte–, los cinco implicados fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios de máxima seguridad.
Así, fueron detenidos en Ciudad Juárez, su caso está radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal, en Guadalajara, Jalisco, y ellos están internados en diferentes penales.
Noé Fuentes y Rogelio Amaya están en Tepic, Nayarit, mientras que Víctor, Gustavo Rentería y Ricardo Fernández se encuentran en el penal de Villa Aldama, en Veracruz.
En las audiencias, denunciaron el Centro de Derechos Humanos y la CNDH, familiares y defensores han sido amenazados por los agentes que aprehendieron a los cinco hombres.
La mamá de Víctor y Gustavo Rentería, Antonia Rentería Adriano, fue vigilada en su domicilio y amenazada por teléfono, en septiembre de 2011.
La ombudsman nacional señaló en su recomendación 75/2012, que los agentes federales violaron los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal de los detenidos, a través de la retención ilegal y la tortura, prácticas que se corroboraron con dictámenes médicos y la valoración psiquiátrica realizada a los cinco implicados.
Si los resultados de la aplicación del Protocolo de Estambul determinan que hubo tortura, los cinco podrían quedar libres, pues ese es el compromiso que hizo Murillo Karam ante familiares y defensores de derechos.
Fuente: Apro
