Un tribunal federal con sede en Guanajuato determinó ratificar el auto de formal prisión dictado en contra del General de División Tomás Ángeles Dauahare y otros cuatro militares acusados de proteger a los Beltrán Leyva, por lo que continuarán presos y sujetos a juicio por delincuencia organizada, publica Reforma.
El Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en la capital guanajuatense, resolvió que existen indicios para sostener un proceso contra Ángeles y los generales Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez.
También en contra del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, sometidos a un juicio en la misma causa.
Los militares perdieron la apelación con la que buscaban su libertad, debido a que el tribunal consideró que la acusación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada acreditó la existencia del delito y la probable responsabilidad de los inculpados.
“Si bien representa un revés para la causa de los generales, este fallo de segunda instancia no es definitivo, pues ahora tienen la posibilidad de impugnarlo a través de un amparo, que eventualmente deberá resolver un tribunal colegiado”, según Reforma.
Para el órgano jurisdiccional, los dichos de los testigos protegidos “Jennifer” y Sergio Villarreal “El Grande”, narcotraficante que trabajara para Los Beltrán, sí aportan un sustento al expediente de la PGR, sin que existan otras pruebas aptas y contundentes que permitan desestimarlos.
Dichos testigos colaboradores, ambos en Estados Unidos, aseguran que los militares se confabularon para interceder o prestar a los Beltrán Leyva la protección necesaria para descargar aviones cargados de cocaína en los aeropuertos de Cancún, Toluca y Cuernavaca.
Con el fallo, el tribunal confirmó el auto de formal prisión que el 6 de agosto pasado resolvió el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca y que implicó el encarcelamiento de los militares, pues el delito que les imputan es grave.
“Al resolver la aludida apelación, el tribunal unitario confirmó el auto de formal prisión dictado por el juez de distrito, al considerar correcta su apreciación jurídica, en el sentido de que hasta el momento procesal en que se encuentra la causa penal, existen suficientes pruebas para tener por demostrado el cuerpo de los delitos especificados, así como de manera particular, la probable responsabilidad de los mencionados inculpados”, informó el Consejo de la Judicatura Federal.
El magistrado del tribunal estimó que los argumentos de los militares, denominados agravios, no resultaron eficaces para poner de manifiesto que el juez de distrito hubiere aplicado inexactamente la ley o violado los principios que regulan las pruebas en un juicio.
“Se coincidió con la postura de dicho juzgador, en el sentido de que las pruebas de cargo aportadas por la fiscalía Federal para dar sustento al ejercicio de su acción penal, revestían la consistencia necesaria para cumplir con los extremos jurídicos que condicionan el dictado del auto de formal procesamiento, sin existir por otro lado, hasta ese momento del dictado de la resolución, pruebas aptas y contundentes que permitieran desestimar ese alcance”, agrega la Judicatura.
La ratificación del auto de formal prisión convalidó la apertura del periodo de instrucción de un proceso ordinario, en el cual los acusados y la PGR tendrán la oportunidad de ofrecer todas las pruebas que consideren necesarias para demostrar sus posturas.
