El punto de mira no se aleja de las funciones de la presidencia, de las que podría hacerse cargo temporalmente un delegado territorial del Gobierno central. Actuar sobre la presidencia autonómica está muy presente pero es la medida que más dudas levanta en el Ejecutivo.
El presidente de la Generalitat no tiene intención de retractarse de los pasos dados hacia la independencia y el Gobierno central no tiene intención de frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El siguiente plazo será el jueves, otra vez a las 10 h.
Carles Puigdemont mantuvo el hermetismo durante todo el fin de semana sobre cómo oficializaría la respuesta al requerimiento de la Moncloa, pero en esta ocasión cuenta con la confianza explícita y pública de su partido y de ERC. El president no cumplirá con la demanda explícita del Gobierno de responder si declaró o no la independencia la semana pasada en el Parlament, pero pretende conjugar nuevamente la defensa del “mandato” del 1-O con una oferta de negociación. La apuesta por el diálogo “no es táctica, es seria y honesta”, sostienen desde el Govern.
El Gobierno ha estudiado las situaciones que puede encontrarse si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mantiene hoy la ambigüedad sobre si está declarada o no la independencia de Cataluña. Todo lo que no sea un no, será interpretado como un sí por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo se sitúa ya en las 10 de la mañana del próximo jueves por si, como teme con bastante fundamento, transcurren las 72 horas de plazo para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, revoque esa declaración. Nada hace pensar que acatará la instrucción, por lo que el Consejo de Ministros del próximo viernes tomará las decisiones que permitan activar el artículo 155 de la Constitución con el argumento de que la comunidad autónoma catalana no cumple con el interés general.
El control temporal de las áreas de Interior y de Economía por la Administración central está muy estudiado, aseguran fuentes gubernamentales. El control de la Presidencia, y, por tanto, la destitución de Carles Puigdemont, se ha avalado con informes de legalidad constitucional. Todas ellas, pero sobre todo, esta última, son medidas tan “drásticas” como “dramáticas”. Estas son las expresiones que utilizan las fuentes consultadas conocedoras de los textos estudiados y barajados para arbitrar las medidas que dejen en suspenso el poder temporal del Gobierno de la Generalitat.
El artículo 155 de la Constitución, por su falta de concreción y regulación, permite llenarlo de contenido tal como el Gobierno necesite. Esta interpretación gubernamental, por tanto, es contraria a la tesis de que sería la medida más dura que pudiera adoptarse. La aplicación de leyes de gran excepcionalidad, como la de sitio, o decretar los estados de alarma, permiten menos modulación que la que puede arbitrarse desde el artículo 155, señalan fuentes gubernamentales.
“Las posibilidades del 155 son muchas y están todas estudiadas”, aseguran desde el Gobierno quienes han participado en la reflexión sobre las mismas. La evaluación de las mismas la ha llevado a cabo el Gobierno en solitario, y este con el PSOE. También con Ciudadanos, aunque con mucho menor detalle e intensidad que con el PSOE, reconocen en todos los ámbitos concernidos.
Del cruce de informaciones se constata que el control de la Economía continúa siendo básico por lo que no solo continuarán las medidas ya tomadas por el Ministerio de Hacienda sobre las finanzas de Cataluña sino que se incrementarán. En el supuesto de que el Gobierno de la Generalitat siguiera adelante con el desarrollo de la ley de transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional, el Gobierno central tomaría las riendas de esa consejería de manera total. La financiación es una parcela de control “imprescindible”, pero no lo es menos la de Interior, que implica el orden público.
La experiencia del 1 de octubre sirvió al Gobierno para reconocer su error respecto a que el cuerpo de policía autonómica iba a respetar los requerimientos judiciales. La competencia de Interior será asumida por el Gobierno central si Puigdemont no da marcha atrás, según reconocen fuentes gubernamentales. El orden público puede verse alterado, no como un hecho en sí mismo, sino como respuesta a otras medidas que puedan tomarse desde el Gobierno central, como la intervención en otras áreas de competencia autonómica, explican las fuentes consultadas.
Estas consideraciones se expresan con enorme aprensión pero con la firmeza en la decisión de adoptar las medidas necesarias ante la posibilidad de que se produzcan situaciones de resistencia a entregar el poder al Gobierno central. La pregunta sobre si se mantendrán en sus puestos los consejeros de Carles Puigdemont si este tiene que abandonar su responsabilidad por requerimiento del Gobierno central es respondida con un “previsiblemente, no”. La solidaridad del equipo del presidente les haría dejar sus puestos siempre que Puigdemont no les indicara que continuaran.
Fuente: El País/ La Vanguardia
