Dos investigadores que han estado trabajando en Michoacán coinciden en que la apuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto en el estado, en vez de una solución de fondo, ha sido negociar con algunos grupos armados sin afectar las estructuras de la delincuencia organizada. Es más, advierte uno de ellos, se está reconfigurando el cártel de Los Templarios, de modo que la estrategia del gobierno federal servirá “para eliminar una estructura criminal e instalar otra”.
Por Jorge Carrasco Araizaga
Ante las dificultades para echar a andar la Gendarmería Nacional, el gobierno de Enrique Peña Nieto apostó por las autodefensas bajo la lógica de dividir a los grupos de civiles armados, pero con el riesgo de generar “unidades de ciudadanos soldados” que difícilmente se sujetarán al control gubernamental.
Michoacán no deja de ser “un experimento” del Gobierno federal, observan analistas internacionales que, por separado, advierten también que las decisiones de Peña Nieto apuntan a la creación de una fuerza armada permanente autónoma e independiente, con la sustitución del cártel de Los Caballeros Templarios por otra estructura delictiva.
Escéptico sobre las acciones del gobierno de Peña Nieto en Michoacán, Gary J. Hale, quien fue jefe de inteligencia de la DEA en México y en Houston, Texas, asegura que será difícil controlar a los grupos armados que han sido fortalecidos por la administración actual, sobre todo por el tiempo que pasará antes de que la Gendarmería Nacional llegue a tener control en las zonas michoacanas donde no han podido asentarse el Ejército ni la Marina ni la Policía Federal.
Más crítico aún es Romain Le Cour Grandmaison, investigador francés en seguridad internacional, quien asegura que, más que una estrategia, la táctica de Peña Nieto fue negociar con los grupos armados para reducir la tensión social, pero bajo el principio de dividir y vencer, “seleccionando con criterios variables cuáles autodefensas podían existir, cuándo, cómo y con qué formas de acciones, y fragmentando a algunos grupos a través de la detención de sus líderes”.
Dice que a partir de una visión de “seguridad armada” para Michoacán, Peña Nieto dio lugar a una oposición legal y a una ilegal, estableció una relación de aliados y enemigos, y ha arremetido contra estos últimos.
Después de investigar directamente en Michoacán, Gary J. Hale y Romain Le Cour Grandmaison coinciden: A falta de una solución de fondo, Peña Nieto optó por la apuesta riesgosa de negociar con algunos grupos armados sin afectar las estructuras de la delincuencia organizada, aun cuando Los Caballeros Templarios desaparezcan sólo de nombre.
Le Cour Grandmaison es el autor de Michoacán, por una estrategia de Estado, un estudio que elaboró para la organización no gubernamental México Evalúa, fechado en mayo pasado.
Maestro en relaciones internacionales y seguridad internacional del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), y candidato a doctor en ciencia política en La Sorbona, es igualmente codirector de Noria Research, un centro de investigación internacional que también avaló el documento.
Administra el conflicto
Con recorridos y entrevistas en la entidad entre enero de 2013 y marzo de este año, el estudioso asevera que Peña Nieto sólo está “administrando y gestionando el conflicto” con miras a las elecciones para gobernador del próximo año.
Afirma que en la práctica hubo desaparición de poderes en el estado y “la imposición de una figura externa, el comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, quien está encargado del orden y la procuración de justicia sin tener ninguna legitimidad política”, y quien “oficia por el único motivo de ser el hombre de confianza del presidente de la República”.
Una postura firme frente a la clase política michoacana, “que forma parte del sistema criminal regional”, tendría que haber sido la primera etapa de la estrategia del gobierno de Peña Nieto, pero lo que hizo fue reaccionar a presiones populares o mediáticas, o a maniobras locales, y, peor aún, emprendió “una purga política a medias” apoyado en pruebas proporcionadas por las propias autodefensas e incluso en videos grabados por líderes de Los Caballeros Templarios.
El supuesto desarme anunciado por Castillo y que acabó en un mero registro de armas es para el investigador otra de las simulaciones del gobierno federal: muchos miembros de autodefensas registraron sus armas, incluso de grueso calibre, y regresaron a casa con ellas. Aunada al rechazo de otros grupos de someterse a dicho registro, esta es para Le Cour Grandmaison una demostración de que no parece haber la intención gubernamental de detener la violencia en el estado y de que, por el contrario, “está jugando con fuego”.
Sin tomar en cuenta a la gente no armada, las autoridades se enfocaron en las demostraciones de fuerza, pero sin atender “las estructuras del sistema templario, que siguen en pie”. Asevera: “Sin duda, ya está en marcha el proceso de reconfiguración del cártel de Los Templarios y ya se pueden percibir algunas señales de que pronto aparecerá otro, asentado en la estructura del anterior”. Así, “la estrategia del gobierno federal habrá servido para eliminar una estructura criminal e instalar otra”.
Observa que la creación de una policía rural con ciertas autodefensas “sigue la misma lógica de ilusión de control”, a través de la cooptación de un bando, “para difundir una imagen de poder gubernamental” capaz de desaparecer las autodefensas, darles una etiqueta pública y declarar solucionado el problema.
Soldados ciudadanos armados
Aunque menos enfático, el exjefe de inteligencia de la DEA en la embajada de Estados Unidos en México, Gary J. Hale, también pone en duda la eficacia de Peña Nieto en Michoacán y manifiesta que si el gobierno federal fracasa dará paso al control pleno de la delincuencia no sólo en el estado, sino a nivel regional.
En el texto titulado Autodefensas, vigilantes y autoprotección policial en México: ¿Dominio civil sobre las políticas de seguridad pública?, el exagente de la DEA, quien trabajó asimismo para el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés), en el que convergen varias agencias de seguridad estadunidenses, destaca que Michoacán es un experimento para el gobierno de Peña Nieto.
“Michoacán está sirviendo como un campo de prueba de ese experimento de autoprotección policial que va un paso más allá de la policía comunitaria, que opera desarmada, y se encamina más hacia el desarrollo de una fuerza de soldados ciudadanos armados”, asegura el exagente en el texto publicado en el sitio de The Small Wars Journal el pasado 23 de junio.
Encargado en la década de los noventa de la persecución de Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, jefe del Cártel de Juárez, sostiene que más allá de la detención de Joaquín El Chapo Guzmán y de otras cabezas del narcotráfico, “Peña Nieto ha alcanzado un progreso poco medible o significativo en reducir la violencia y la delincuencia” en su año y medio de gestión. “Esa falta de éxito para aumentar la seguridad ciudadana ha dado lugar al surgimiento de los grupos de autodefensa o vigilantes que han comenzado a tomar la seguridad pública en sus manos”.
Considera que en el corto plazo el gobierno federal ha permitido que algunas autodefensas continúen operando ante la fragilidad gubernamental, y en algunos casos incluso se les ha permitido llevar sus actividades de manera independiente o acompañadas de fuerzas oficiales.
A largo plazo, si se establecen más como una fuerza permanente de soldados ciudadanos, su disolución será más difícil en tanto que éstos estarían enraizados en la sociedad rural, especialmente en las áreas continuamente amenazadas por las organizaciones de tráfico de drogas.
Estima que el mejor escenario para el gobierno consistiría en que las autodefensas dejen de operar y se diluyan, especialmente si la Policía Federal y las fuerzas militares consiguen una presencia más numerosa y permanente, no sólo en Michoacán, sino también en Guerrero.
Gendarmería estancada
A su juicio, la eventual creación de la planeada Gendarmería, a la cual define como una fuerza paramilitar, “puede algún día” sustituir a las tropas del Ejército y de la Armada, “pero la evolución de esa nueva fuerza parece estancada y no estar lista en un futuro cercano como se anunció inicialmente”. Según el gobierno federal, el cuerpo policial deberá estar operando a mediados de este mes, aunque como una división más de la Policía Federal y no como una nueva corporación.
Recuerda que Peña Nieto propuso una fuerza policial paramilitar que sería más grande que la Policía Federal, lo que incrementaría ostensiblemente la obtención de inteligencia y patrullajes en zonas de conflicto. Además, se compondría de soldados que participaron en el sexenio pasado en el combate al narcotráfico.
Pero calcula que pasarían muchos años antes de que la Gendarmería fuera lo suficientemente efectiva para entrar en un ambiente de combate como el que ahora existe en México: “Reclutar, entrenar y equipar esas unidades sería muy costoso, y las estructuras de cadenas de mando tendrían que ser desarrolladas, especialmente considerando que la Constitución establece que esas unidades estén subordinadas a los gobernadores de los estados”.
El exagente de la DEA que también estuvo destacado en labores de inteligencia en Colombia, Bolivia, Nueva Orleans, Boston y Nueva York, comenta que si las autodefensas están operando en coordinación con metas y objetivos bien definidos, y si se están incorporando exitosamente en la burocracia de seguridad pública, “podríamos ver en México la emergencia de una nueva forma de prácticas de autoprotección policial”.
De lo contrario, la perpetuación de las autodefensas sin ese comando, control y coordinación “podría devenir en una sociedad sin ley en ciertos estados, o incluso quizás en algunas regiones de México”, lo que elevaría las violaciones a los derechos humanos y, por asociación, implicaría al gobierno federal como copatrocinador de tales delitos.
El gobierno de México tiene el imperativo moral de proteger a sus ciudadanos aun si las autodefensas llegan a tener autoridad en la protección y defensa de las comunidades. Pero ante la incertidumbre de los resultados de las acciones de Peña Nieto, concluye Hale, “sería difícil señalar si serán los delincuentes o el gobierno los que tengan mano en determinar el alcance de las libertades en México”.
Fuente: Proceso
