Por José Gil Olmos
Cuando en la región de Tierra Caliente, Michoacán, se escucha que el gobierno quiere desarmar a los grupos de autodefensa, una desazón cunde entre los pobladores, quienes expresan su temor de que los tiempos del miedo regresen y con ello los criminales, que antes se llamaban templarios y ahora tendrán un nuevo nombre.
Para quienes no han estado o vivido en esa zona de Michoacán puede parecerles muy fácil y hasta lógico que desarmen a todos aquellos ciudadanos que decidieron tomar las armas para defenderse de los criminales. Es muy probable que se piense que sólo traerán problemas y que si el gobierno los deja armados pueden convertirse en paramilitares o en algo peor: un nuevo cártel.
Sin embargo, para quienes en las últimas dos décadas han vivido el imperio del terror implantado por los diferentes grupos del crimen organizado a través de decapitaciones, extorsiones, asaltos, secuestros, desapariciones, golpes, torturas, ejecuciones y la muerte de familiares, amigos o conocidos, la orden del gobierno de desarmar a quienes han ahuyentado a los criminales representa una sentencia de muerte.
Durante un año las autodefensas de Tierra Caliente han logrado lo que los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no pudieron: combatir de manera frontal a los delincuentes y liberar a decenas de pobladores del yugo de los distintos grupos del crimen organizado, esencialmente de Los Caballeros Templarios, que llegaron a crear un estado paralelo donde gobernaban con la ley del terror.
Pero al hacerlo de manera abierta, con el rostro descubierto, las autodefensas expusieron su identidad para defender a sus familias, negocios y comunidades.
Las bandas criminales que no han sido eliminadas en Michoacán saben quiénes son, dónde viven, quiénes son sus familias, sus amigos, sus socios, ubican dónde están sus negocios y hasta las escuelas donde estudian sus hijos. En fin, conocen absolutamente todo de las autodefensas y pueden mandar sicarios solitarios a ejecutarlos en caso de que dejen las armas.
Tener un arma en esa región de Tierra Caliente, donde las bandas criminales tienen raíces profundas y todos los recursos para actuar, para algunos de los integrantes de las autodefensas es cuestión de vida o muerte, mientras que para el gobierno federal es un acto de autoridad.
El gobierno de Enrique Peña Nieto está urgido de que los grupos de autodefensas ciudadanas dejen las armas que decidieron tomar el 24 de febrero del año pasado, porque no sólo representa un desafío a la autoridad, sino el riesgo de un estallido social en Michoacán y en otras partes del país donde las condiciones de violencia e inseguridad son iguales o peores, como en Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México.
El coordinador general de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, dice que ha recibido llamadas de varios estados donde le expresan su deseo de formar sus propios grupos de autodefensas ciudadanas, ante la incapacidad de sus gobiernos de darles seguridad y combatir al crimen organizado. Su respuesta ha sido que una vez que se logre la limpieza general en Michoacán, él podría ayudarles a organizarse, defenderse en sus propias localidades y avanzar hacia otras que lo necesiten.
Estaríamos hablando de un escenario donde podría formarse una red nacional de autodefensas ciudadanas armadas, una especie de insurgencia social, con los riesgos consabidos tanto para el gobierno como para el crimen organizado.
El comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pusieron como ultimátum el próximo 10 de mayo para que las autodefensas dejen las armas. Estas últimas también pusieron como límite esa fecha para que las autoridades limpien a Michoacán de todas las organizaciones del crimen que persisten en el estado.
En la más reciente reunión entre Castillo y las autodefensas se acordó cumplir con sus respectivos compromisos para esa fecha, es decir que el gobierno acabará con el crimen organizado en Michoacán y, luego entonces, los civiles entregarán las armas, aunque señalaron que sólo serán las de alto poder: calibre 50, 60 y bazucas; no los fusiles de asalto (R-15 y AK-47), que mantendrán por seguridad propia.
La urgencia del desarme total de las autodefensas por parte del gobierno federal es evidente: quieren mandar un mensaje de autoridad, pero sobre todo detener esta oleada de inconformidad en muchas comunidades y pueblos que, cansados de la violencia y la inseguridad, producto del crimen organizado, han decidido tomar las armas para defenderse y protegerse.
El problema es que antes de desarmar a las autodefensas, el gobierno federal sigue mostrando incapacidad para desactivar a los grupos del crimen organizado, que además de usar las armas, las comercializa, creando un mercado atractivo de compra y venta en todo el país, que hasta el momento no ha sido tocado.
El 10 de mayo es el plazo fatal que puso el gobierno federal para el desarme de las autodefensas. Pero habría que lanzar algunas inquietudes a las autoridades: ¿Quiénes son los peligrosos en Michoacán: las autodefensas o los miembros del crimen organizado? ¿A quién hay que desarmar primero? ¿Quiénes son los terroristas en Michoacán: los templarios o los ciudadanos armados en defensa propia?
Twitter: @GilOlmos
Fuente: Apro
