Por Manlio Dinucci/ Red Voltaire
Emma Arbuthnot es la juez principal que instruye, en Londres, el proceso de extradición de Julian Assange a Estados Unidos, donde podría ser condenado a 175 años de cárcel por “espionaje”, o sea por haber publicado, como periodista de investigación, pruebas de los crímenes de guerra estadounidenses, como los conocidos videos sobre las masacres perpetradas contra civiles en Irak y Afganistán. Durante ese proceso, en manos de la jueza Vanessa Baraitser, todos los pedidos de la defensa han sido rechazados.
En 2018, luego de que Suecia abandonara la acusación de violencia sexual, la jueza Arbuthnot se negó a anular la orden de arresto, evitando así que Assange pudiera obtener asilo en Ecuador. Esta misma jueza rechazó las conclusiones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria de Assange. Tampoco quiso escuchar las conclusiones del responsable de la ONU contra la tortura, quien señaló que «Assange, detenido en condiciones extremas de aislamiento no justificadas, presenta síntomas típicos de una exposición prolongada a la tortura sicológica».
En 2020, mientras miles de detenidos pasaban a estar bajo detención domiciliaria, como medida contra el coronavirus, Assange ha sido mantenido en prisión y se ha visto expuesto al contagio en condiciones de debilitamiento físico. En el tribunal, Assange no puede consultar a sus abogados, se le mantiene aislado en una jaula de cristal blindado y se le amenaza de expulsión si osa abrir la boca. ¿Qué hay detrás de tanto ensañamiento?
La jueza Arbuthnot ostenta el título de «Lady» por ser la esposa de Lord James Arbuthnot, conocido “halcón” del Partido Conservador y ex ministro de Defensa, notoriamente vinculado con el complejo militaro-industrial y los servicios secretos británicos. Lord Arbuthnot es, además, presidente del comité de consulta británico del Grupo Thales –transnacional francesa especializada en sistemas militares aeroespaciales– y miembro del comité de consulta de la firma Montrose Associates, que se especializa en inteligencia estratégica, dos cargos generosamente retribuidos. Lord Arbuthnot es igualmente miembro de la Henry Jackson Society (HJS), influyente think tank transatlántico vinculado al gobierno y a la inteligencia estadounidenses.
En julio pasado, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, participó en una mesa redonda organizada en Londres por la Henry Jackson Society. Desde su época de director de la CIA, Pompeo ha venido acusando a WikiLeaks –el sitio web fundado por Assange– de ser «un servicio de espionaje del enemigo». Esta campaña de Pompeo coincide con la de la Henry Jackson Society, que acusa a Assange de «sembrar dudas sobre la posición moral de los gobiernos democráticos occidentales, con apoyo de regímenes autocráticos».
En el consejo político de la Henry Jackson Society, junto a Lord Arbuthnot, estaba hasta hace poco Priti Patel, la actual ministro del Interior del Reino Unido, precisamente la persona que tendrá que firmar o no la orden de extradición contra Julian Assange. A ese grupo de presión, que viene haciendo campaña por la extradición de Assange –bajo la batuta de Lord Arbuthnot y de otros personajes influyentes– está estrechamente ligada la jueza Arbuthnot, nombrada por la reina como magistrado en jefe en septiembre de 2016, cuando WikiLeaks ya había publicado –en marzo– los documentos más comprometedores para Estados Unidos.
Por cierto, entre esos documentos están los correos electrónicos de la entonces secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, que revelan el verdadero objetivo de la guerra de la OTAN contra Libia: impedir que el gobierno encabezado por Muammar el-Kadhafi utilizara sus reservas en oro para crear una moneda panafricana como alternativa al dólar estadounidense y la franco CFA –la moneda que Francia impuso a 14 ex colonias africanas.
El verdadero “delito” cometido por Julian Assange es el de haber abierto una brecha en el muro de silencio político-mediático tras el cual se esconden los verdaderos intereses de poderosas élites que, desde la sombra protectora que el Estado Profundo les garantiza, recurren repetidamente a la carta de la guerra.
Ese es el poder oculto que acusa a Assange y lo somete a juicio, como cuando se exponía a los supuestos herejes a los caprichos y la furia de la Santa Inquisición. Si se decide su extradición a Estados Unidos, Assange será sometido a «medidas administrativas especiales» mucho más duras que las que ya sufre en Reino Unido. Será encerrado en una pequeña celda bajo condiciones de aislamiento, no podrá tener contacto con su familia –ni siquiera a través de sus abogados, quienes también serían incriminados si se atreviesen a entregarle algún mensaje. En otra palabras, entregarlo a Estados Unidos sería condenarlo a muerte.
