Aun cuando hay abundante información sobre los sobornos de la constructora Odebrecht a campañas del PRI durante 2009-2015, es factible que sólo se investigue y sancione a los presuntos implicados en las del último año, en virtud de que, según la sentencia del tribunal colegiado emitida el lunes 7, los ilícitos electorales de los años previos ya prescribieron. Ello fue posible por el tortuguismo de las indagatorias y la actuación de encargado de despacho de la Procuraduría General de la República en las postrimerías del sexenio de Peña Nieto, Alberto Elías Beltrán, quien por cierto ya está sujeto a una investigación interna.
Los 15 tomos del expediente Odebrecht incluyen declaraciones ministeriales de funcionarios de la compañía brasileña y otros indicios que confirman el financiamiento ilegal a cuatro campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2009 y 2015, entre ellas la presidencial de 2012, cuyo candidato fue Enrique Peña Nieto (EPN).
En la declaración ministerial que Marcelo Bahia Odebrecht, expresidente de la constructora Norberto Odebrecht, rindió ante funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en mayo de 2017, incluso se narra cómo el empresario brasileño se encontró con Emilio Lozoya Austin cuando EPN ya era presidente electo.
De acuerdo con el sexto tomo de la indagatoria, de la que Proceso tiene copia, el entonces coordinador de Asuntos Internacionales de Peña Nieto le agradeció el apoyo que la constructora brasileña había destinado a la campaña presidencial del PRI, poco antes de que EPN rindiera protesta como presidente de la República.
“Marcelo, yo te quería agradecer el apoyo que me dieron”, le habría dicho Lozoya para sellar la alianza del financiamiento ilícito que Odebrecht aportó a la candidatura del mexiquense.
El entonces director general de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, también reconoció el financiamiento ilícito a tres campañas electorales del PRI entre 2009 y 2012, delitos que podrían quedarse sin castigo debido a que ya prescribieron.
Por lo que atañe a las aportaciones ilegales que el consorcio sudamericano aportó al PRI entre 2014 y 2015, se trata de las imputaciones que Lozoya Austin formuló en la denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 11 de agosto.
Una sentencia del tribunal colegiado emitida el lunes 7 resolvió que el financiamiento ilegal a las campañas del PRI para las elecciones federales de 2015 aún puede ser investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) de la FGR, sin importar que en los otros tres casos el delito haya prescrito.
Al resolver de forma definitiva un juicio de amparo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México concluyó que, aun cuando los 10.5 millones de dólares fueron depositados por Odebrecht en cuentas de Lozoya Austin durante 2014, se trata de recursos que se gastaron en las campañas electorales de 2015, por lo que todavía no ha prescrito el delito electoral derivado de esos hechos.
Por lo anterior, se autorizó a la FEPADE continuar con la indagatoria sobre el financiamiento ilícito a las campañas electorales del PRI entre 2014 y 2015.
Sin embargo, las nuevas investigaciones deberán excluir la campaña presidencial de EPN en 2012 y los comicios para gobernador que tuvieron lugar en 2010 en los estados de Tamaulipas y Veracruz.
El tortuguismo de las indagatorias y la actuación del encargado de despacho de la FGR, Alberto Elías Beltrán –sujeto a una investigación interna de la propia fiscalía– fueron determinantes para que los procesos penales por el financiamiento ilegal de Odebrecht a las campañas electorales del PRI hayan prescrito sin mayores diligencias.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2289 de la revista Proceso, ya en circulación.
