Por Bernardo Bátiz V.
En un torbellino de mentiras, verdaderas a medias, titubeos, cambios de fecha y mucha publicidad, los que pretenden reformar, en puridad debiera ser deformar, la Constitución no han expresado con precisión qué es lo que proponen ni han permitido que al respecto se de un debate honrado, abierto y con argumentos, por ello, tenemos que presumir y tratar de adivinar que es lo que realmente quieren hacer con nuestra aún vigente Carta Magna.
Algunas de las informaciones señalan que sí se tocará la Constitución, lo que nos da una pista de por dónde pueden ir las cosas y cuáles artículos tocarían para alcanzar sus fines; lo lógico es que sean los artículos que estorban al neoliberalismo, al TLCAN, a los grandes negocios, al tráfico de influencias, cuya supresión o alteración permitiría que la separación en la sociedad entre potentados y ciudadanos comunes, siempre pobres o en trance de empobrecer se ahonde.
En esta división en dos de la sociedad, los potentados se encuentran seguros, protegidos por las reglas que perpetúan los privilegios y por la corrupción cuyo combustible es el dinero, y los de abajo, los pobres o los que van en ese camino están siempre inseguros y siempre en riesgo de ser víctimas de la maquinaria del sistema, muy bien engrasada para atropellar impunemente a los desprotegidos.
Lo que pretenden modificar son las reglas protectoras de la soberanía nacional y lo que ordena conductas públicas cuya finalidad es garantizar una justa distribución de la riqueza y un orden que permita el desarrollo de los integrantes de la sociedad en todos los aspectos de la vida, que asegure para todos lo que se ha llamado bien común y que no es otra cosa que la posibilidad de que cada uno de los integrantes de la colectividad, satisfaga sus necesidades materiales, educativas, de recreación y en una palabra, para que nadie deje de tener la oportunidad de ser feliz.
Dichos artículos constitucionales son los siguientes: el 25, que reconoce y consagra tres sectores de la economía: el sector público, el social y el privado. Para los reformadores deformadores, ignorantes de historia y de principios de derecho, sólo un sector debe prevalecer y merece ser protegido, el sector privado. En otras circunstancias y momentos han demostrado su total desprecio por el sector social y se han empeñado en disminuir al mínimo el sector público, como ha sucedido con los bancos, las vías de comunicaciones, la electricidad, el agua y ahora quieren hacerlo con los hidrocarburos.
El artículo 25 dispone también, y no les gusta, que el Estado mexicano, esto es el sector público, tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas de la economía enumeradas en el artículo 28 párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo el gobierno federal la propiedad, y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. La propiedad se refiere, por supuesto, a los bienes que integran las citadas áreas estratégicas: petróleo, gas, otros hidrocarburos, energía eléctrica, energía atómica y otras. Para sus fines, puede ser que estén pensando en suprimir el reconocimiento de las tres áreas de la economía y desaparecer el control y la propiedad que sobre los bienes del subsuelo tiene el Estado.
Otro precepto de nuestra ley suprema que les estorba es el artículo 27, que establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. A los neoliberales les causa escozor y les enferma el solo pensar que la propiedad privada de tierras y aguas se derive de una transmisión, siempre revocable del Estado.
En efecto, en un párrafo adelante, la Constitución establece que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
Finalmente les estorba el artículo 28, que en su párrafo cuatro enumera las áreas estratégicas de la economía, entre ellas el petróleo, los demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos, energía nuclear y electricidad; todo lo que ambicionan.
Estas normas estorban y preocupan a quienes piensan hacer negocio con nuestro patrimonio; mientras estas se mantengan en la Constitución, estarán inseguras sus empresas e inversiones, por eso quieren modificarlas, no por nuestro bien. No podemos permitirlo, un punto estratégico, lo mismo en una batalla que en la guerra de la economía global, no se entrega al enemigo, se defiende.
Fuente: La Jornada
