Puerto Rico se tambalea bajo una deuda pública de 72.000 millones de dólares que su gobernador dice no puede pagar y debe reestructurar.
La isla ya dejó de hacer un pago de su deuda y su declinante situación económica ha ahuyentado a los inversionistas, que temen se encamine a una mora de pagos, sin opciones para un rescate ni una declaración de bancarrota.
A continuación presentamos una explicación de cómo Puerto Rico acumuló una deuda tan cuantiosa, cómo su estatus territorial complica el asunto y cómo pudiera salir de una crisis de casi una década.
UN TERRITORIO CON UNA DEUDA CRECIENTE
Puerto Rico se convirtió en territorio de Estados Unidos en 1898 y ganó una autonomía política limitada cuando el Congreso aprobó su Constitución en 1952. Pero algunos argumentan que el complicado estatus político de la isla ha acelerado su declinación económica, porque recibe menos fondos federales que los estados norteamericanos, y debe recibir aprobación de los legisladores para ciertas acciones en momentos en que trata de controlar su deuda.
Alguna vez el café y el azúcar fueron el motor de su economía, pero a medida que la agricultura disminuyó Puerto Rico comenzó a recibir incentivos fiscales federales que atrajeron a fabricantes, especialmente compañías farmacéuticas, de Estados Unidos.
El Congreso eliminó gradualmente esos incentivos para el 2006. Entonces la economía cayó en picada, y empeoró al estallar la crisis financiera estadounidense en el 2008. Los gastos gubernamentales continuaron sin control y se recurrió a los préstamos con el fin de tratar de cubrir los crecientes déficits. Los puertorriqueños, como ciudadanos estadounidenses, pueden mudarse libremente a Estados Unidos, y aproximadamente una tercera parte de las personas nacidas en la isla ahora viven en el país, lo que deja una reducida base de recaudación de impuestos.
LA BANCARROTA NO ES UNA OPCIÓN
La deuda de Puerto Rico se ha triplicado en apenas 15 años. Pero al igual que los estados y territorios estadounidenses, no puede declararse en bancarrota bajo la ley federal. Sin embargo, las municipalidades en Estados Unidos y las empresas públicas sí pueden declararse en quiebra.
Las empresas públicas de Puerto Rico están fuertemente endeudadas y el gobierno de Alejandro García Padilla está presionando para que tengan derecho a declararse en bancarrota. La propuesta no tiene apoyo de los republicanos en el Congreso, cuya aprobación necesita. García firmó una ley de reestructuración de la deuda el año pasado, pero un juez federal la declaró inconstitucional luego que dos compañías estadounidenses que representaban a tenedores de bonos presentaron una demanda.
¿QUÉ VA A PASAR?
La Casa Blanca dice que no se está ponderando un rescate federal. Funcionarios del territorio afirman que podrían iniciarse negociaciones serias con los acreedores una vez que se presente el plan de reforma fiscal de cinco años para el 30 de agosto.
Mientras tanto, el gobierno de Puerto Rico pudiera enfrentar demandas si continúa dejando de hacer pagos de su deuda. La isla no efectuó este mes uno de 58 millones de dólares de sus bonos, la primera vez que no lo hace. El gobierno advierte que sus fondos generales pudieran agotarse para noviembre.
Los partidarios de que la isla se convierta en un estado norteamericano dicen que la crisis económica muestra por qué Puerto Rico debe pasar a ser el 51er estado de la unión, mientras que los independentistas consideran que la situación respalda su causa.
Por su parte, los economistas creen que Puerto Rico debe estimular su sector turístico y modernizar su infraestructura. Líderes puertorriqueños dicen que, si el territorio pudiera quedar exento de la Ley Jones de 1920 —la cual afirma que solamente barcos propiedad de un estado norteamericano, y construidos y operados por éste, pueden transportar carga hacia y desde la isla_, eso generaría empleos marítimos, reduciría su deuda y rebajaría el costo de algunos productos, especialmente el crudo.
