Efectivos militares y policiales dispersaron con gases el sábado a miles de opositores que intentaban llegar al estadio Nacional de Tegucigalpa a boicotear la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández, en medio de una crisis política generada por denuncias de fraude en su reelección.
La multitud, que se disponía a emprender una marcha de cinco kilómetros, abandonó temporalmente las calles debido a la gran cantidad de bombas lacrimógenas, pero después se reagrupó a las cercanías para auxiliar a muchos de sus seguidores que resultaron afectados por el gas pimienta.
“Así reprime el dictador a su pueblo”, declaró a The Associated Press el excandidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, quien alega haber ganado las elecciones generales del 26 de noviembre pasado. “Seguimos en la lucha por rescatar al país de la dictadura, sin reconocer a Hernández como presidente”.
Hernández prestó juramento con la mano sobre la Constitución, y el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, le impuso la banda presidencial en una ceremonia a la que no fueron invitados mandatarios extranjeros.
En su discurso, Hernández se comprometió a “iniciar un proceso de reconciliación para unir a la familia hondureña porque existen diferencias políticas, pero tenemos que sentarnos a dialogar abiertamente y sin barreras”.
“Debemos unir al país porque, como decía Jesús, si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer… y Honduras está para permanecer y seguir adelante”, añadió.
Instó a la oposición a “planificar a largo plazo el desarrollo de la patria”.
“Lo que viene sorprenderá a propios y a extraños, Honduras crecerá de la mano de Dios y todos juntos”.
La Constitución de 1982 prohíbe la reelección presidencial, pero Hernández logró un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2015 para burlar esa medida. La ley fundamental establece que solo una consulta popular puede revocar esa disposición, lo que no hizo el gobierno.
