Desde hace más de año y medio, integrantes del municipio de Homún han interpuesto diversos amparos contra el permiso de uso de suelo otorgado a la granja; este viernes hicieron una clausura simbólica.
Por Andrea Vega/ Animal Político
Este viernes, pobladores del municipio de Homún, ubicado en la Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes, en Yucatán, clausuraron de forma simbólica una granja de 49 mil cerdos. Desde hace más de año y medio, integrantes de la comunidad han interpuesto diversos amparos contra el permiso de uso de suelo otorgado a la granja sin consultar al cabildo del municipio y contra la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, elaborada por una cirujana dentista y autorizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán (Seduma).
Los pobladores interpusieron también amparos por los permisos que el gobierno municipal y estatal concedió para el proyecto sin que se haya informado ni consultado a la comunidad, reconocida como maya.
Esos recursos legales están en proceso. Sin embargo, los pobladores reportaron que durante la semana llegaron camiones con animales a las instalaciones de la granja, propiedad de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), del Grupo Sipse, un conglomerado de medios que agrupa a periódicos, estaciones de radio y televisión en el estado.
Lourdes Medina, abogada del Equipo Indignación, la organización que lleva la defensa del caso por parte de la comunidad, dice que los pobladores descubrieron que por caminos alternos y durante la noche, en horas de poco movimiento, estaban entrando los camiones con cerdos hacia la granja. Por eso es que se decidió hacer la clausura simbólica.
Al medio día de este viernes los pobladores llegaron a las instalaciones de la granja porcícola y colocaron un letrero amarillo de plástico con la palabra “clausurado”. Todo era mero simbolismo.
Donde se estaban colocando sellos reales eran en los cenotes que operan los integrantes de la directiva de la asociación creada para defender los cuerpos de agua, conocida como Ka´anan Ts´onot. Mientras la comunidad hacia su acto simbólico, sin ninguna violencia, agentes de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) se movilizaban para sacar de operación esos puntos turísticos.
“No traían ningún documento que avalara la clausura o que especificara el motivo. No hubo notificación previa. Todo fue ilegal. Clausuraron solo los cinco cenotes de la directiva de Ka´anan Ts´onot, ninguno más. Fue una provocación; por eso los pobladores exigieron a los cinco agentes de Profepa a retirar los sellos”, dice la abogada.
Mientras la población acompañaba a los de Profepa a quitar los sellos de los cenotes, en la carretera principal había ya entre 30 o 40 unidades de la policía estatal cerrando el camino de la carretera principal. Integrantes del Equipo Indignación le solicitaron al comandante de la policía estatal, al frente del operativo, no actuar contra la población y permitir que se retiraran los sellos de los paradores turísticos para que pudieran irse los empleados de Profepa.
“Les dijimos que por qué se aparece ahora Profepa a clausurar los cenotes, cuando la comunidad lleva más de año y medio luchando porque no se deje operar la granja porcícola y esa no la clausuran. Y lo mismo con la policía, por qué llegan cuando se trata de un acto pacífico de la comunidad”.
La abogada cuenta que el comandante de la policía hizo llamadas a sus superiores, “al gobernador del estado y al delegado de la Profepa y ellos dieron la orden de que se retiraran todos los sellos”.
Ahora, el Equipo Indignación y Ka´anan Ts´onot presentarán una denuncia ante Seduma y Profepa para que investiguen las condiciones en las que está operando la granja. Si tiene los mecanismos necesarios para evitar cero contaminación en la zona. “Esperamos que ante esta demanda actúen con la misma celeridad con la que corrieron a clausurar los cenotes de los compañeros”, dice Mendoza.
La comunidad y sus abogados buscarán también el apoyo internacional. Le harán llegar el caso a Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y a Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Además, esperarán la resolución sobre los amparos que están en curso.
Fuente: Animal Político
