La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este viernes medidas cautelares a los líderes de El Barzón en Chihuahua, quienes han sido amenazados por su rechazo a la apertura indiscriminada de pozos en el desierto y su lucha contra la minera canadiense Mag Silver.
La CIDH tomó esa determinación tras los asesinatos del líder estatal de la organización campesina, Ismael Osorio, y su esposa Manuela Solís, ocurridos el pasado 22 de octubre.
El Barzón explicó que la CIDH “consideró la situación de gravedad y urgencia. Para prevenir daños irreparables otorgó las medidas cautelares (…) y solicitó al Estado Mexicano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de los líderes de El Barzón, que concerte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y beneficiarias y sus representantes, y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de dichas medidas”.
Anteriormente los integrantes de dicha organización ya habían denunciado ante autoridades estatales y federales la problemática en la región y habían solicitado medidas de protección por las amenazas de muerte en su contra.
“En el contexto de impunidad y violencia extrema en el estado de Chihuahua y ante la intervención de grupos criminales en el conflicto, existe una probabilidad razonable de que las amenazas se materialicen en la vulneración de derechos humanos que resultan de imposible reparación, como lo son la vida, la integridad y seguridad personales”, indicó.
No obstante, el Estado Mexicano consideró como no urgente el caso, ya que cuando los barzonistas solicitaron protección a través del recién estrenado Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, integrado por instituciones de gobierno y sociedad civil, ese órgano planteó que el asunto en cuestión debería seguir un procedimiento ordinario por no requerir medidas de urgencia que pongan en riesgo la vida.
En entrevista, el líder local Gabino Gómez señaló el contraste de criterios: “La CIDH da medidas cautelares cuando considera que se requieren medidas urgentes, y en el mecanismo mexicano la respuesta para nosotros es que no había tal urgencia, así que estamos en un proceso ordinario”.
Ayer, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para solicitar al gobierno de Chihuahua la investigación, esclarecimiento y detención de los homicidas de los líderes del Barzón.
También acordó instalar un grupo de trabajo legislativo que sirva de puente para resolver el conflicto minero y la falta de agua que vive la región del noroeste de esa entidad. Para ello serán citados los actuales y los próximos titulares de las secretarías de Gobernación y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como los de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además del gobernador de Chihuahua, César Duarte.
Los senadores pidieron al gobierno estatal que garantice la seguridad de los líderes de El Barzón y sus familias, y que se encargue de dar fin a la campaña de linchamiento –por parte de políticos y medios de comunicación– en contra de los defensores de derechos humanos.
El Barzón ha señalado al propio César Duarte como orquestador de dicha campaña de desprestigio.
En la región, la organización campesina se opone a que un grupo de menonitas, arropados por exfuncionarios federales, extraiga irregularmente agua o la retenga, dado que desde 1957 se le catalogó como zona de veda de agua. También se opone a la operación de la minera El Cascabel, subsidiaria de la canadiense Mag Silver, debido a que violenta las leyes agrarias y de cuidado del medio ambiente.
Fuente: Proceso
