Por Luis Javier Valero Flores
El del martes fue un día negro para la vida democrática del país. Finalmente, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuaron como integrantes leales de la clase política mexicana. Resolvieron que los servidores públicos no están obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales porque, dijeron, son datos personales.
Más aún, dictaminaron que el principio de ‘‘máxima publicidad’’, una de las máximas de la nueva legalidad en materia de transparencia, no opera para los diputados federales y que éstos tienen el derecho a oponerse a que sus declaraciones patrimoniales sean públicas, al resolver sobre un amparo, luego de una resolución del Ifai acerca de la petición de un ciudadano por conocer el estado patrimonial de los legisladores federales.
Las consecuencias son funestas para el derecho del acceso a la información pública, pues ahora se ha cerrado la puerta para que los ciudadanos accedan a tales datos, centrales para saber si el patrimonio de un servidor público guarda congruencia con sus ingresos públicos.
De este modo, por ejemplo, si algún elemento policiaco, del aparato judicial (un juez, por ejemplo, o un ministro de la SCJN), ostentan bienes que se presumen por encima de sus ingresos legales, ningún ciudadano podrá pedir esa información y deberá esperar a que un juez, por la denuncia de cualquier otro asunto, dictamine la apertura de los bienes patrimoniales del servidor público.
Solo 3 de los ministros, el presidente, Juan N. Silva Meza, Sergio Valls Hernández y José Ramón Cossío se pronunciaron por la inconstitucionalidad del precepto, pues dijeron todos los servidores públicos ‘‘nos debemos a la sociedad, tenemos el deber de rendir cuentas respecto del desempeño de nuestra función, sobre el destino y aprovechamiento de los recursos públicos que recibimos’’. (Notas de La Jornada y Reforma, 19/VI/13).
Sostuvieron que declarar como información pública el estado patrimonial de los servidores públicos tenía una relación directa “con la función democrática de control de la gestión pública y de prevención y exposición de actos de corrupción, que puede ejercer la sociedad”.
Expusieron, en contraposición a la postura de sus compañeros, que los servidores públicos son figuras públicas y que el interés general debería prevalecer sobre el derecho a su privacidad, con lo que se ubicaron en la postura enfrentada a la de Luis María Aguilar, quien sostuvo que los servidores públicos deberían ser considerados por la ley del mismo modo que el resto de los ciudadanos.
Sí, nada más que el resto no tiene la oportunidad de acceder al ejercicio del servicio público y a las prebendas que genera, tanto las legales, como las ilegales.
El proyecto del ministro José Ramón Cossío proponía establecer como pública la información de los funcionarios públicos de los ingresos por salario, por actividades empresariales, inversiones financieras o donaciones; deudas; inmuebles, vehículos u otros bienes muebles, con el valor de todos ellos y detalles sobre menaje, como joyas, obras de arte, entre otros.
En cambio, seguirían siendo privados los datos sobre números de cuentas, ubicación de inmuebles, datos sobre familiares, o sobre terceros con los que se realicen operaciones financieras.
Nada de eso se podrá indagar.
Y como en política muy pocas cosas son coincidencias, ahora adquiere su verdadero peso la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de no dar a conocer los montos de sus cuentas, ni el valor de las propiedades contenidas en la declaración patrimonial que hizo pública semanas atrás, ni la ubicación de las mismas, mucho menos el menaje de tales propiedades, ni el modo mediante el cual se las apropió (sí, porque de repente nuestra clase política quien sabe de qué artes se sirve y les donan millonada y media); así, de nada sirve que den a conocer un listado de cosas, sin dar a conocer el valor de todo ello para poder hacer un cálculo si guardan coherencia con los ingresos públicos declarados.
Han extendido una visa a la corrupción de proporciones incalculables. Todo por defenderse. No es coincidencia, pues, que un ex presidente de tal organismo luego ofrezca espectáculos como el protagonizado por Genaro Góngora Pimentel.
Gravísimo.
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