Excolaboradores de quien fuera oficial mayor de Sedatu-Sedesol demandaron a Fiscalía para que elimine de indagación informes bancarios de ellos
Tres excolaboradores de Emilio Zebadúa, quien fuera oficial mayor de la Sedatu y la Sedesol, demandaron a la Fiscalía General de la República (FGR) para que elimine de las indagaciones de la Estafa
Maestra la información bancaria que hasta el momento se ha obtenido de ellos.
Se trata de un amparo que presentaron Humberto René Islas Cortés, exdirector general de Recursos Materiales; Enrique Prado Ordóñez, director de Adquisiciones y Contratos, y Sonia Angélica Zaragoza González, directora general de Recursos Humanos, cargos que desempeñaron en las dos dependencias.
Los tres aparecen relacionados con un contrato de la Sedesol con la Universidad Autónoma de Morelos, a través de la cual se desviaron más de 185 millones de pesos. De momento, ninguno de ellos ha sido imputado ante un juez sobre este asunto.
De acuerdo con documentos judiciales, desde el año pasado, los tres ex servidores públicos presentaron un escrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) de la FGR para requerir la cancelación de sus informes bancarios en la indagatoria AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPFM/M-V/247/2015 y sus acumuladas.
En su opinión, esos informes financieros fueron obtenidos de manera irregular por el Ministerio Público Federal, al no haber sido requeridos con aval judicial, como lo determinó la Corte desde fines de 2017.
El 28 de febrero de 2018, la Seidf emitió un acuerdo en respuesta a la solicitud, pero en ese oficio se abstuvo de decretar la exclusión de esas pruebas.
Los exfuncionarios presentaron una demanda de garantías que en un principio fue desechada, pero después un tribunal colegiado obligó a que fuera admitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México.
En este amparo pretenden que sea invalidada la abstención de la Fiscalía para eliminar las pruebas, sino también el artículo 142, párrafo tercero, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite entregar informes financieros a la FGR sin mediar la autorización de un juez.
Islas, Prado y Zaragoza son defendidos por los mismos abogados que representan a Francisco Javier Báez, ex director de Programación y Presupuesto, y Wendy Gabriela Arrieta Camacho, exdirectora general de Tecnologías de la Información de la Sedesol y ex coordinadora de asesores de Zebadúa.
Báez libró el 26 de marzo un proceso donde la FGR pretendió imputarle la presunta autorización ilegal de más de 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) y la decisión a su favor no fue apelada por la Fiscalía.
Arrieta acudió el 14 de marzo ante un juez de control para responder a la imputación relacionada con un contrato indebido por casi 23 millones de pesos, otorgado por la Sedesol a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero la audiencia fue aplazada.
Fuente: Reforma
