El Diputado y presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vialidad del Congreso del estado de Veracruz, el priista Adolfo Ramírez Arana, presentó la iniciativa para una nueva Ley de Tránsito del Estado y Seguridad vial, que propone regular las manifestaciones sociales así como el uso de la fuerza pública cuando se obstruyan las vialidades.
La iniciativa del legislador plantea que cuando las manifestaciones alteren el orden, no permitan el libre paso de vehículos, peatones y servicios de emergencia, mediante marchas, plantones, bloqueos u otras conductas similares, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz deberá conminarlos a retirarse pacíficamente en una primera instancia, en caso de rehusarse, deberá hacerse uso de la fuerza pública, atendiendo a lo que señala el artículo 37 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado, con la intención de liberar la vialidad afectada, restaurar el orden y mantener la seguridad.
De acuerdo con la iniciativa, se prevén vialidades despejadas para obtener la fluidez del tráfico.
La ley también regula el funcionamiento de los estacionamientos públicos y permite su inspección permanente para el adecuado servicio a los usuarios, permitirá facilidades a discapacitados, espacios para bicicletas, motocicletas y otros para sanitarios y están obligados a contratar seguro de cobertura amplia, regula la concesión de las grúas, permite que en el reordenamiento se establezcan nuevas paradas y terminales y destaca los derechos de los motociclistas para que a su vez asuman sus responsabilidades respecto del comportamiento y medidas de seguridad para circular.
La iniciativa presentada por el legislador cambia la denominación de Dirección General de Tránsito por Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial y endurece la disciplina al interior de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, con medidas de control disciplinario.
Legislaciones contra manifestaciones
El 19 de mayo de este año se aprobó en el estado de Puebla, a petición del Gobernador panista Rafael Moreno Valle, la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, conocida como ”Ley Bala”, la cual permitía hacer el uso legítimo de la fuerza “siempre como última medida”.
En un inicio, dicha ley permitía a los policías utilizar armas de fuego durante las movilizaciones sociales en su artículo décimo: “Se considera legítima defensa, en el caso del uso de armas de fuego o de fuerza letal, cuando exista agresión real, actual o inminente que ponga en peligro la vida o a la integridad física; que implique lesión grave, además de racionalidad y proporcionalidad en los medios empleados, para la defensa de la vida y la integridad física”.
Días después, y frente a la presión social a la que se enfrentó el gobierno local, se decidió “suavizar” al prohibir que se utilicen armas de fuego.
Sin embargo, se permitió el uso de armas no letales. Sin embargo, durante un operativo policial implementado en San Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, resultó herido y falleció a causa de las heridas que le ocasionó un proyectil lanzado por agentes de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) de la entidad.
Más tarde el Gobernador panista decidió enviar una iniciativa para abrogar dicha ley.
En el Distrito Federal, desde diciembre de 2013 se analiza en la Cámara de Diputados la llamada Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal. Lo mismo sucedió en Quintana Roo y en San Luis Potosí hace unas semanas.
Entre las disposiciones de la iniciativa del DF destacan obligaciones como: antes de una manifestación debe avisarse a las autoridades por escrito con 48 horas de antelación; se prohíbe el “bloqueo total” de vialidades primarias y de calles de un solo carril y, además, otorga a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal la facultad de “controlar manifestaciones”.
También impone un horario de entre 11:00 y 18:00 horas para que los actos de inconformidad no afecten el tráfico vehicular y prevé multas para quienes “realicen acciones que alteren el orden público”, entre otras exigencias.
En el caso de Quintana Roo, en marzo, el Congreso estatal de mayoría priista aprobó la llamada Ley de Cultura Cívica, con la que se pretende restringir y controlar las manifestaciones en el estado. Por ejemplo, prohíbe marchas en vías primarias y condiciona las protestas en las vías públicas.
Al respecto, la organización internacional Artículo 19 también se pronunció en contra, al considerarla “una clara violación al derecho constitucional de la libertad de expresión”.
En San Luis Potosí, el Diputado local panista Alejandro Lozano González, mejor conocido como “Boris”, presentó una iniciativa que plantea expedir la Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros del Estado de San Luis Potosí. De acuerdo con la iniciativa, el Diputado pretende que las manifestaciones sólo se lleven a cabo de lunes a jueves en horarios específicos, de 9:30 a 12:00 y de 15:00 a 18:30 horas.
Fuente: Sin Embargo
