Durante los mandatos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y hasta el de Enrique Peña Nieto, Petróleos Mexicanos (Pemex) se utilizó para comprar la mayoría accionaria o participar en 90 empresas filiales –en territorio nacional y en el extranjero– con severos problemas financieros o en bancarrota. Ninguna de ellas es fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por esa razón se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma para que esa instancia revise el estado en que encuentran las filiales de la petrolera.
La propuesta, elaborada por los representantes de PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM y PRD, Enrique Ochoa Reza, Jacobo Cheja, Nayeli Fernández y Mónica Almeida, respectivamente, pretende modificar el artículo 58 de la Ley de Pemex, con objeto de otorgarle competencia a la ASF para revisar las actividades de esas empresas.
Durante esos cuatro sexenios, a través de firmas offshore –ubicadas en el extranjero y que realizan operaciones que no están reguladas en México, pues los movimientos que realizan no tienen respaldo de alguna institución para enfrentar obligaciones fiscales–, se adquirieron a precios superiores a su valor filiales como el Astillero Hijos de J. Barreras en España, las empresas Agronitrogenados, Fertinal, multimillonarias pérdidas en la petrolera española Repsol o la cuestionable participación en la refinería Deer Park, en Texas.
Ahora, con la iniciativa turnada a la Comisión de Energía en San Lázaro, se contempla ampliar la competencia de la ASF –dependiente de la Cámara de Diputados– para que, a través del artículo 58 de la Ley de Petróleos Mexicanos, se fiscalicen las empresas filiales en las que Pemex participe, directa o indirectamente, en más de cincuenta por ciento de su capital social y con independencia de que se constituyan conforme a la legislación mexicana o extranjera.
A mediados del año 2017 el número de filiales de la petrolera sumaba 90. Un año después, confirmado el triunfo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y hasta el mes de diciembre, la administración de Enrique Peña operó la venta de 29, para heredar al nuevo gobierno 61 de esas empresas. A fines de 2019, Pemex aún era propietaria de 58 y se contempla que esa carga para la petrolera no exista al final del actual sexenio.
De tal forma, la propuesta de adición resultaría así: “la Auditoría Superior de la Federación será competente para fiscalizar a Petróleos Mexicanos, a sus empresas productivas subsidiarias y a las empresas filiales sobre las que tenga control sobre sus decisiones o acciones, en términos de las disposiciones constitucionales y legales respectivas”.
Los diputados de oposición refieren un caso concreto, aunque el cambio abre la posibilidad de revisar el cuerpo de filiales de la petrolera:
“Esta sugerencia se realiza en virtud de la restricción de la información generada como parte de las operaciones de las empresas filiales de Petróleos Mexicanos, que impidió que durante la ejecución de la auditoría se comprobara que las Unidades Habitacionales Flotantes ‘Reforma Pemex’ y ‘Cerro de la Pez’, entregadas por los astilleros a PMI Norteamérica, S. A. de C. V. (empresa filial de Petróleos Mexicanos), cumplieran con las características de los bienes previstas en las licitaciones públicas que emitió Pemex Exploración y Producción; tampoco se pudo constatar que la empresa que presentó la mejor oferta para adquirir la Unidad Habitacional Flotante ‘Cerro de la Pez’ ya está en operación y ofrece los servicios de capacitación, reparación, mantenimiento, logística, certificaciones de calidad, seguros y supervisión en el área administrativa”.
Fuente: La Jornada
