La Plataforma Contra la Impunidad y la Corrupción propuso al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un modelo de comisión de la verdad nacional.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), colectivos de familiares de personas desaparecidas y académicos plantearon la creación de este mecanismo con el objetivo de recopilar información sobre casos de violaciones de derechos humanos que han sido cometidos de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2018.
“Es una propuesta para romper el silencio sobre la violencia masiva y las violaciones de derechos humanos durante la guerra contra el narcotráfico”, expuso Guillermo Trejo, profesor de la Universidad de Notre Dame.
En la presentación de la propuesta, el académico afirmó que las instituciones del orden común en el país se encuentran rebasadas y que los derechos de las víctimas son pisoteados e ignorados.
Expuso que para atender la masividad de la violencia en diversas partes del mundo, sobre todo en América Latina, se han desarrollado mecanismos extraordinarios conocidos como justicia transicional y que tiene como objetivo resolver conflictos graves.
“Se trata de un ecosistema de mecanismos muy diversos entre los cuales se distinguen cuatro pilares: verdad, justicia penal, reparación integral del daño y reformas que garanticen la no repetición”, aseguró Trejo.
“En la justicia transicional el orden de los factores sí altera el producto. Los casos más exitosos de justicia transicional en el mundo empiezan con búsqueda de verdad, la verdad es el punto de partida; sin verdad, la justicia penal es superficial y la reparación del daño es limitada”, añadió.
Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aseveró que el organismo respalda esta propuesta de la creación de la Comisión de la Verdad y la Memoria en México y que es urgente que haya un modelo de comisión de este tipo en el País.
“Es una ventana de oportunidad histórica para que la justicia transnacional pase de un sueño a una política”, manifestó.
Rocío Culebro, presidenta del IMDHD, señaló que en el modelo de esta comisión expertos han trabajado durante los últimos dos años reuniendo estudios e informes de diversas comisiones de la verdad que se han creado en otros países del mundo.
Explicó que un primer borrador fue puesto a consulta con familiares, expertos y activistas y que el documento presentado este lunes recaba sus observaciones.
“Esta iniciativa tiene que ser parte de un esfuerzo mayor, tiene que estar integrado por un mecanismo internacional de combate a la impunidad, la construcción de una Fiscalía realmente autónoma que investigue con rigor y tiene que ser de alcance nacional porque de esa envergadura son los retos actuales”, expresó.
Cuestionada por los medios, Culebro indicó que en los próximos días el documento de la propuesta de la comisión será entregada a la propuesta para ser secretaria de Gobernación de la Administración de López Obrador, Olga Sánchez Cordero.
“Esperamos que el próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador secunde esta discusión y aportaciones en el marco de las posibles medidas como parte de la justicia transicional”, dijo la activista.
De acuerdo con la propuesta, la comisión tendría que ser aprobada por mayoría legislativa y conformada en un organismo autónomo apoyado y financiado con recursos del erario público, pero totalmente independiente del Gobierno.
También debe ser acompañado por organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sugiere que la comisión esté formada por diez o doce comisionados, que sean expertos nacionales, personales de reconocimiento moral en México y con cercanía a las víctimas, y por un equipo de hasta 500 investigadores y personal de apoyo.
La propuesta plantea que la comisión comience a rendir resultados a los dos años y medio de su conformación.
Fuente: Reforma
