A pesar de que decenas de intelectuales y activistas de derechos humanos le pidieron declinar el polémico texto –aprobado por las dos Cámaras del Parlamento ruso– por considerar que viola la Constitución, el presidente Vladimir Putin promulgó la ley que permite perseguir y sancionar a cualquier ciudadano ruso que merezca ser tildado, por las propias autoridades, como “agente extranjero” ahora a título personal.
Afirman los propios autores del proyecto de ley que nada hay que temer y que será de aplicación selectiva, que no presupone sanciones masivas, pero la ambigüedad del texto deja un amplio margen para castigar a los opositores que se conviertan, por su insistencia, en una piedra en el zapato de las autoridades.
Desde diciembre de 2017 se aplica aquí el término de “agente extranjero” –y las restricciones que conlleva (obligación de presentarse como tal, auditorías constantes, reportes financieros, relación de empleados, etc.)– a diez medios de comunicación que operan en Rusia con dinero procedente desde el exterior, como son las emisoras Voz de América o Radio Libertad, el canal de televisión satelital Tiempo Verdadero y siete portales de Internet creados para auditorios de regiones concretas.
Se dijo entonces que era una respuesta simétrica a obligar al canal de televisión satelital RT (Russia Today) a registrarse en Estados Unidos como “agente extranjero”, conforme a una vetusta ley de 1938, al calificarlo la Casa Blanca de órgano de difusión de propaganda de otro país.
Dos años después, el Kremlin o el Parlamento federal –nadie sabe a quién se le ocurrió–, convirtieron a cualquier ciudadano ruso casi en un medio de comunicación al establecer las mismas restricciones que a los canales de televisión, emisoras, periódicos, revistas o portales de Internet que ya son etiquetados como “agentes extranjeros”.
Porque para que una persona que se atreva a cuestionar a los gobernantes merezca el sambenito de “agente extranjero” y tenga que obtener registro cual si fuera un medio de comunicación –dicen quienes pidieron a Putin no promulgar esa ley– es suficiente con que se le acuse de recibir financiamiento foráneo.
De hecho, cualquier entusiasta que reenvié en las redes sociales información generada en un medio catalogado como “agente extranjero” se puede volver automáticamente lo mismo, en caso de recibir dinero desde el exterior.
Y aquí –sostienen– está la trampa. Para amedrentar o silenciar a una voz crítica basta con dos o tres transferencias desde el extranjero, aunque nada tengan que ver con el beneficiario, como sucedió con el Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK, por sus siglas en ruso), del opositor Aleksei Navalny.
Ejemplifican: el FBK resultó “financiado” por un desconocido boxeador español que, localizado por periodistas rusos, dijo no saber quién es el destinatario de su dinero ni para qué lo envió. No obstante, el Fondo de Navalny, que existe gracias a los donativos de ciudadanos rusos y es consciente de los riesgos que implicaría recibir financiamiento foráneo, es –afirma el Kremlin– un “agente extranjero” que, por ello, debe hacer frente a un panorama de restricciones interminables.
Lo mismo –advierten los opositores rusos– espera a un simple ciudadano que se pase de la raya al criticar o denunciar los abusos de poder, si así lo estiman los eventuales agraviados.
Fuente: La Jornada
