Juez determina que se mantiene la prisión preventiva justificada a Jesús Murillo Karam, por lo que se seguirá en el Reclusorio Norte. Se decretan tres meses para las investigaciones
El juez Marco Antonio Fuerte Tapia, vinculó a proceso al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por delitos contra la Administración de Justicia, Tortura y Desaparición Forzada, (reclasificado con base en el Código Penal Federal), relacionados con el caso de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en 2014.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, vinculó a proceso, el 24 de agosto del 2022, a Jesús Murillo Karam, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
En el caso de la desaparición forzada, el delito fue reclasificado con base en el Código Penal Federal, por lo que Murillo Karam podría alcanzar penas que irían desde los 15 hasta los 60 de prisión, en caso de ser encontrado culpable de todos los delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa. Además, amerita prisión preventiva oficiosa, por lo cual, el también ex gobernador de Hidalgo continuará privado de la libertad durante su proceso penal.
El político hidalguense, de 74 años de edad, está interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México, por lo que a la audiencia del 24 de agosto del 2022 -que duró 7 horas-, llegó vestido con chamarra y pantalón color beige, el uniforme de los presos. Asimismo, Murillo Karam portaba un cubrebocas color negro, pero con la nariz descubierta.
La FGR sostuvo que Murillo Karam “sí tenía conocimiento” de los actos de tortura que se cometieron durante la investigación por el caso de Ayotzinapa. Durante la audiencia de vinculación a proceso en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, los agentes del Ministerio Público de la Federación (MPF) remitieron a su alto cargo y, por ende, al tipo de información que tenía acceso.
Los representantes de la FGR también se refirieron a la diligencia, que calificaron de ilegal, en la que Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, fue sacado de los separos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para llevarlo al río San Juan, en el municipio de Cocula, en Guerrero, donde hallaron dos bolsas con restos humanos que después se confirmó que uno pertenecía al normalista Alexander Venancio Mora.
“Me cuesta trabajo creer que el justiciable [Murillo Karam] no sabía que lo sacarían de los separos”, cuestionó un agente del Ministerio Público de la Federación durante la audiencia. Por su parte, la asesora jurídica de los torturados, Daniela Aguirre Luna, incluso cuestionó que, el político hidalguense, abogado de profesión, no se cuestionara la “legalidad” de los videos en los que los presuntos involucrados aparecen confesando su participación en los hechos.
