Ocho funcionarios y ex funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) fueron vinculados a proceso, por haber ocasionado un fraude por 831 millones de pesos relacionados con la adquisición de marcapasos y material de curación entre 2019.
A solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, vinculó a proceso penal a ocho involucrados en el pago indebido de facturas a la empresa Selecciones Médicas del Centro S.A. de C.V., una compañía Fármacos Especializados, una de las compañías señaladas de participar en el acaparamiento de más del 60 por ciento de las licitaciones que se realizaron en el sector salud durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación luego de seis días que duró la audiencia inicial, el juez Zúñiga Mendoza, con sede en el reclusorio Norte, dictó la vinculación a proceso en contra de los funcionarios y ex funcionarios del Issste que participaron el pago indebido de los 831 millones de pesos, entre ellos el ex representante jurídico del Issste, José Febo Trujeque Ramirez, quien hasta marzo pasado se desempeñó como Director Normativo de Procedimientos Legales.
La audiencia inicial se desarrolló entre el 7 y el pasado 25 de abril, el juzgador determinó que los imputados, en su calidad de servidores públicos, cometieron el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
La resolución judicial señala que los representantes de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, perteneciente a la FGR, aportaron pruebas suficientes para acreditar la probable comisión de los delitos y por ello se decretó la vinculación a proceso dentro de la causa penal 380/2021.
La afectación económica aconteció cuando el titular del Issste era Luis Antonio Ramírez Pineda. quien actualmente es titular del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).
La empresa Selecciones Médicas del Centro S.A. de C.V., obtuvo un doble pago por parte del ISSSTE, por cuantas que ya habían sido cobradas y el fraude detectado ascendió a 831 millones de pesos, los cuales fueron pagados entre marzo y diciembre de 2019.
Fuente: La Jornada
