En menos de una semana el polémico juez Carlos Bonadío acaba de dictar otros dos procesamiento con pedido de prisión preventiva contra la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios de su gobierno, por haber recibido supuestas compensaciones vinculados a subsidios a la gasolina y a los pasajes del transporte público, que obtuvieron las empresas de transporte colectivo y trenes durante su gobierno.
Por Stella Calloni
Esta decisiones están vinculadas a la llamada causa de las fotocopias de los cuadernos, que precisamente está a punto de caer por el escandaloso descubrimiento de una red paraestatal -como la calificó el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel– de extorsiones y espionaje entre otros delitos, que implican a fiscales, jueces, periodistas y medios de comunicación aliados y funcionario del gobierno, cuya responsabilidad alcanza al propio presidente Mauricio Macri.
Por eso el apresuramiento de Bonadío para sumar otros dos procesos que significan nuevos embargos cercanos a los mil millones de pesos, por presunta “asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta”.
Esto se suma además al procesamiento con prisión preventiva, que dispuso el lunes, también por presunta asociación ilícita con lo que son cinco los que ha dispuesto Bonadío contra la también ahora senadora.
Fernández de Kirchner fue citada recientemente a indagatoria por el mismo juez y por ocho causas. En ninguno de los casos existen pruebas y el mayor escándalo es la causa de los cuadernos, utilizando fotocopias no autenticadas lo cual anula toda legalidad jurídica.
El pedido del lunes pasado es por la compra de gas licuado en barcos, lo que se demostró que está montada sobre falsas pericias, y que también afecta al ex ministro de Planificación y diputado Julio de Vido, detenido preventivamente desde julio de 2017 y acusado, además, en por los menos tres causas forzadas.
La ex presidenta se encuentra en Cuba, donde acompaña a su hija Florencia que atraviesa serio problemas de salud y en buena parte derivados de la persecución política contra su madre ella misma y su familia.
El procesamiento alcanza también a ex funcionarios y a empresarios que confesaron en el caso cuadernos haber pagado sobornos por los subsidios a los trenes a los ex secretarios de Transporte.
Precisamente De Vido es uno de los más de 30 presos políticos, cuyo número sigue aumentando mediante nuevos juicios, la mayoría armados.
El juez Bonadío está acusado por armar y acumular causas contra la ex presidenta, a la que el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios quieren ver presa, como lo expresan públicamente, para impedir que pueda contender en las elecciones presidenciales, ya que encabeza todas las encuestas para los comicios de octubre.
El ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, candidato a presidente por Unidad Ciudadana en 2015, que le ganó en primera vuelta a Macri y perdió por escaso punto y medio en la segunda vuelta, fue acusado por lavado de dinero y otros delitos, después de presentarse como otro candidato del peronismo para disputar las próximas internas de ese partido.
Apoyo a Ramos Padilla
La Corte Suprema de Justicia dio una fuerte respuesta este martes al apoyar la investigación del juez Alejo Ramos Padilla quien investiga en el juicio por la red de extorsión, espionaje y otros, cuyo primer detenido es el agente Marcelo D’Alessio, acusado de extorsionar a nombre del fiscal Carlos Stornelli, el mismo de la causa de los cuadernos y después que Macri pidió abiertamente la destitución del magistrado, lo que es ya un escándalo en el país y el exterior.
El gobierno también quiere parar la causa porque los documentos involucran a la embajada de Estados Unidos y a Israel y este martes diputados uruguayos anunciaron una demanda por violar la soberanía de Uruguay, al comprobarse que esa red espió en el país y que hizo seguimiento a una misión comercial iraní.
Como corolario de la situación el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, nombrado por Macri, sorprendió al inaugurar el año judicial admitiendo que el Poder Judicial atraviesa una “crisis de legitimidad compleja” y que argentinos están perdiendo la confianza en este organismo y “tienen dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana. La solución requiere que lo revirtamos”.
En este entramado la detención de una pareja supuestamente de iraníes, que ingresaron el pasado 12 de marzo con pasaportes israelíes es utilizada por el gobierno, para tratar de desviar la atención sobre el escándalo de la red extorsiva. La mayoría de los analistas hablan de una “operación montada” y que se trataría de los más “ingenuos agentes iraníes de la historia”, a pesar de la manipulación del tema por los medios afines al gobierno.
Fuente: La Jornada
