La Justicia argentina procesó al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión presidida por Mauricio Macri (2015-2019), Gustavo Arribas, y a quien fue la subdirectora del organismo, Silvia Majdalani, por espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos.
“Disponer el procesamiento sin prisión preventiva de Gustavo Hector Arribas (…) y de Silvia Majdalani”, dijo el Juzgado Federal Criminal en la sentencia a la que accedió Sputnik.
El procesamiento se da en el marco de la causa en la que se investigan actividades de vigilancia prohibidas realizadas sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2018.
El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé les trabó embargos sobres los bienes por 2 millones de pesos (27.567 dólares) a cada uno y les prohibió la salida del país.En la misma resolución, el magistrado además procesó al exjefe de contrainteligencia del organismo, Martín Coste, a quien también le prohibió la salida del país y le fijó un embargo sobre sus bienes de 700.000 pesos (9.648 dólares).
El juez sostuvo que la investigación pudo acreditar que al menos desde mayo hasta diciembre de 2018 Arribas y Majdalani “impartieron órdenes” para coordinar un grupo conformado por agentes que se dedicaban a realizar tareas de espionaje ilegal.
Las maniobras de inteligencia ilegal habrían consistido “en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural”, agrega.
El 14 de julio Arribas rechazó ante el juez las acusaciones por espionaje ilegal.
El extitular de la AFI argumentó que no puede ser investigado por hechos por los que ya fue sobreseído en la causa en la que fue imputado por incurrir presuntamente en el espionaje ilegal del Instituto Patria, centro de estudios asociado a la vicepresidenta, y en el domicilio de la expresidenta (2007-2015).Arribas sostuvo que las tareas de vigilancia que se hicieron en el Instituto Patria fueron legales, autorizadas en aquel momento por el juez responsable del caso, Federico Villena.
Por su parte, Augé tiene a su cargo una megacausa por el espionaje que se hizo presuntamente durante el Ejecutivo de Mauricio Macri a 500 periodistas, políticos y sindicalistas.
Fuente: Sputnik
