Por Arnaldo Córdova
Enrique Peña Nieto es un político acostumbrado a prometer lo que hará desde el gobierno. Así lo hizo cuando fue candidato a la gubernatura del estado de México, cuando se la pasó firmando ante notario miles de compromisos y promesas que luego no cumplió, cumplió a medias o hizo como que cumplió. Fue lo que hizo a lo largo de toda la campaña electoral y lo sigue haciendo, con mayor fuerza, ya una vez instalado en la silla presidencial. Su principio es, desde luego, que hasta ahora no se ha sabido gobernar y que él sí sabe hacer las cosas, con sólo señalar lo que hay que hacer para resolver los graves problemas nacionales, es decir, con sólo promesas.
No nos debería extrañar que, dentro de seis años, escuchemos explicaciones por el estilo de las que acaba de hacer Calderón, magnificando sus hazañas de gobierno y haga de nuevo como que cumplió, moviéndole el dedo en la boca a todo el que esté dispuesto a escucharlo. Si hubiera cumplido sólo con la mitad de dichos compromisos en el Edomex, probablemente no tendríamos los escasos niveles de desarrollo económico, político y social ni los altísimos índices de violencia delincuencial ni la insultante pobreza que son el signo de la vida diaria de esa desgraciada entidad. Ahora va por todo el país y lo hace de la misma manera que él sabe: prometiendo todo lo que se le ocurre.
El discurso inaugural del primero de diciembre en el Palacio Nacional, ante cientos de invitados y conmilitones, es una muestra clara del estilo ramplón y desordenado de hacer política de este exponente del llamado Grupo Atlacomulco que, para algunos cínicos del periodismo, es inexistente. Montó su discurso sobre cinco ejes de gobierno que sólo fueron emblemas genéricos sobre los que, en seguida, hizo trece promesas, también genéricas, que puede cumplir o no cumplir, daría lo mismo, pues prometer no empobrece. Deberíamos tomarlo en serio, no esperando que cumpla, sino para que no se nos olviden las engañifas que acompañan a los priístas en su retorno al poder presidencial.
Veamos primero sus cinco ejes. El primero es lo que él llama un México de paz, poniendo al ciudadano y a su familia en el centro de las políticas de seguridad. El segundo es lograr un México incluyente, combatiendo la pobreza y cerrando la brecha a la desigualdad. El tercero, es lograr un México con educación de calidad. El cuarto, su creencia en un México con crecimiento económico. El quinto, finalmente, lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Un país con participación propositiva en el mundo. Como puede verse, se trata sólo de proclamas sin anclaje programático, meros buenos propósitos sin soluciones concretas.
A continuación enumeró las que llamó decisiones presidenciales. Se supone que éstas sí serían planteamientos programáticos pero, como podrá verse, no sólo persiste en tales decisiones el carácter emblemático, típico de Peña Nieto, sin verdaderos compromisos programáticos, sino que, en varias de ellas se ve la huella de otras corrientes políticas, en particular del lópezobradorismo, lo que hace de sus planteamientos un simple rosario de buenas intenciones o, como dirían los gringos, propuestas sin dientes.
La primera es casi idéntica al primer eje: México exige vivir en paz; la propuesta programática es la instrucción a las secretarías de Gobernación, Hacienda, Desarrollo Social y Salud, para la creación de un Programa Nacional de Prevención del Delito(Peña cree que se trata sólo de un problema de presupuesto, pues sólo habla de esto). La segunda es poner al Estado al lado de las víctimas y de sus familiares y, para ello, propone simplemente instruir a la Consejería Jurídica para que se desista de la controversia constitucional en curso sobre la Ley General de Víctimas. Como propuestas programáticas, resultan francamente miserables.
La tercera decisión es contar con un solo Código Penal y otro de Procedimientos Penales, únicos y de aplicación nacional. El pretexto es que la existencia de muchos códigos penales dificulta la acción de la justicia. Ya varios insignes penalistas y procesalistas han hecho notar que, tratándose de jurisdicciones distintas (fuero federal, fuero local o fuero militar) es lógico que se cuente con una diversidad de códigos. Una eventual reforma constitucional debería anular en los hechos y en la ley el entramado federal de nuestra República.
La cuarta decisión es, otra vez, puramente emblemática y se refiere a la lucha contra el hambre. A Peña Nieto se le ocurre convocar a todos los sectores sociales, económicos y políticos para emprender una Cruzada Nacional Contra el Hambre… Las mujeres son el objeto de su quinta decisión: el Estado tiene la obligación moral de respaldarlas; por ello, instruirá a las secretarías de Desarrollo Social y de Hacienda para crear el Programa de Seguro de Vida para las Jefas de Familia. La sexta toca a los adultos mayores y, en virtud de ella, se instruirá a las mismas secretarías para que modifiquen y amplíen el Programa 70 y Más y todos los mayores de 65 años reciban una pensión.
La séptima decisión se refiere a la reforma educativa y comienza reivindicando para el Estado la rectoría de la política educativa. Se enviará, para comenzar, una iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional y una subsecuente de la Ley General de Educación. Muchos piensan que le llegó su hora a la Gordillo y a su corrupta corporación sindical. En realidad, eso está por verse; pero sí es un hecho positivo que se pida al Inegi un censo de escuelas y personal docente para terminar con las plazas vitalicias y hereditarias en el sistema educativo nacional.
La octava decisión consiste en dar un impulso decisivo a la creación de infraestructura para paliar la desigualdad en las diferentes regiones en desarrollo. La novena, parece una copia de una original propuesta de López Obrador y tiene que ver con la reintroducción de los ferrocarriles de pasajeros y la construcción de nuevas líneas. La décima viene a ser una añeja demanda de la sociedad mexicana y toca al renglón de las telecomunicaciones. Se reconocerá en la Constitución el derecho de acceso a la banda ancha, se aprobará un conjunto de reformas para generar mayor competencia en la telefonía, servicios de datos, televisión y radio y próximamente se licitarán dos nuevas cadenas de televisión abierta.
La decisión décima primera está para atender el espantoso endeudamiento de estados y municipios. La solución planteada será una Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública. Veremos para qué podrá servir esa ley. La décimo segunda es una enésima reiteración del manejo responsable de las finanzas públicas, mediante un Paquete Económico que se pondrá a consideración del Congreso. La décimo tercera, por fin, tiene que ver con la responsabilidad moral de ser medidos y austeros en los gastos. Otro emblema más que se resolverá con un próximo decreto en la materia.
Naturalmente, no podía faltar la reiteración de las intenciones de este gobierno en materia de reforma energética, hacendaria y de seguridad social. Esas son las promesas.
Fuente: La Jornada
