Por Tania Sánchez Melero
Desde que surgiera al inicio de verano la iniciativa 25S rodea el congreso, muchos han sido los debates al respecto, suscitando diversas y contrapuestas posiciones en la opinión pública y en los sectores de la izquierda.
Lo que inicialmente se anunciaba como una convocatoria ciudadana que proponía rodear el congreso y permanecer allí hasta la dimisión del gobierno para la apertura de un nuevo proceso constituyente, y que tuvo un conato de ser tomado por posiciones de extrema derecha, provocando el rechazo de buena parte de movimientos y asambleas del 15M, parece que se ha reconvertido en una protesta a las puertas del congreso frente a la política adoptada por el gobierno de Rajoy ante la crisis.
Más allá de los numerosas reformulaciones de propuestas, objetivos y estrategias, y de los apoyos o rechazos suscitados en el seno de la izquierda, lo que sin duda ha generado es una reacción unánime de criminalización por parte del gobierno y sectores de los poderes mediáticos que califican la iniciativa de golpista.
Esta criminalización iniciada en el discurso mediático ha conducido a una preocupante reacción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que en las últimas semanas han realizado actuaciones injustificables en un estado de derecho.
No es objeto de este artículo entrar en el fondo de la convocatoria, ni dar razones que discutan con aquellos que han calificado la misma como irresponsable o han puesto en duda el derecho y conveniencia de protestar frente a la institución en la que reside la soberanía popular, sólo me centraré en la imprescindible defensa de los derechos democráticos.
La escalada de actuaciones desproporcionadas, ilegítimas y de dudosa legalidad desarrolladas por la fuerza pública bajo las órdenes de Cristina Cifuentes, delegada del gobierno en Madrid, en los últimos diez días merecen una respuesta de rechazo contundente de las fuerzas democráticas de este país.
En estos días, como si viviéramos en una dictadura, se ha detenido a personas por desplegar pancartas de apoyo a la iniciativa, se ha acosado policialmente y filiado a grupos de participantes en las reuniones preparatorias que se celebraban en el madrileño parque de El Retiro, se han desalojado sin los procedimientos legales habituales centros sociales en los que se han producido reuniones preparatorias de esta iniciativa, y por último, pasando todos los limites imaginables, se ha citado ante la Audiencia Nacional a ciudadanos y ciudadanas inocentes acusadas de un delito contra los altos organismos de la nación.
Y después de tanta violación de los derechos fundamentales de la ciudadanía, la delegada del gobierno se ha visto obligada a reconocer que, como no podía ser de otra manera, es perfectamente legal y legitimo que la gente se concentre a las puertas del parlamento.
Parece urgente e irrenunciable, el rechazo colectivo a esta escalada de criminalización de la protesta.
El jueves pasado diversos cargos públicos, de diferentes organizaciones políticas y ámbitos territoriales, recibimos una carta cuyo contenido condensa la siguiente petición:“… que uses tu condición de autoridad pública para defender a los ciudadanos y a las ciudadanas que ese día vamos a ejercer nuestros derechos políticos -entre ellos, el de desobediencia civil-, bajo amenazas serias, graves y sobre todo creíbles del Gobierno de usar contra nosotros toda la contundencia de su poder represivo.”
Tras recibir esta carta y conocer cada una de las desproporcionadas actuaciones de la delegación del gobierno, no puedo más que acceder a esta petición.
Sé que no estaré sola, que serán muchos los compañeros y compañeras de izquierda unida, y de otras organizaciones políticas que acudiremos a la cita del 25S con independencia de nuestra opinión sobre la misma, pero con el objetivo claro de hacer valer nuestra condición de autoridad pública, otorgada por los votos de la ciudadanía, para defender que éste siga siendo un país donde el ejercicio de los derechos democráticos fundamentales estén garantizado.
Se han distribuido ampliamente por la red las imágenes de la detención de los manifestantes del pasado quince de septiembre que tan sólo pretendían desplegar una pancarta; sucede que conozco a una de ellas, Chema, y me ha dado por pensar que deberíamos ser conscientes de que cualquiera de nosotros, un día podríamos estar en su pellejo, siendo detenidas por actos que no hace tanto eran derechos reconocidos y respetados. Cuando el poder no puede imponer su razón por la fuerza democrática, utiliza la violencia del estado imponiendo medidas de excepción: ante esto, tenemos la obligación democrática de plantarle cara, si no queremos que las generaciones futuras lean un poema que empiece con Primero se llevaron a Chema….
* Tania Sánchez Melero es diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid.
Fuente: www.rebelion.org
