Después de la polémica que surgió entre 2012 y 2013 ante la propuesta de la Ley SOPA, legisladores del PRI en la Cámara de Diputados volvieron a presentar la iniciativa para reformar las Leyes de la Propiedad Industrial y Federal del Derecho de Autor, la cual desea implementar “medidas preventivas y definitivas que permitan detener o impedir, en el entorno digital, la comisión de infracciones a los derechos de propiedad intelectual“.
Esta iniciativa ha sido considerada por algunos defensores de los derechos digitales como un nuevo intento de “regular” la información y los datos que circulan en Internet, bajo el supuesto de proteger a la industria de producción cultural de la piratería.
La Ley ACTA o la Ley Beltrones -impulsada por Fabio Beltrones-, es en esencia una versión mexicana de la Stop Online Piracy Act (SOPA) de Estados Unidos, que generó repudio internacional y que fue bloqueada en el 2012.
Esta iniciativa, que será revisada por la Comisión de Cultura y Cinematografía, pretende sancionar la publicación en Internet de obras protegidas por derecho de autor y propiedad intelectual de obras artísticas, literarias y fonogramas sin la autorización explícita de los titulares de los derechos.
De aprobarse, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tendrá las facultades para realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial o derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de Internet.
El Artículo 232 Bis de la iniciativa podrá realizar diversas sanciones como la suspensión de la puesta a disposición del público, distribución o facilitación de la reproducción de obras, fonogramas, videogramas o ediciones protegidas por esta ley por medio de Internet y aplicar multas que van de 5 mil hasta 40 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.
Antonio Martínez Velázquez, defensor de los derechos digitales y fundador de la revista Horizontal, consideró que la multa está fuera de contexto, principalmente porque la iniciativa abre la posibilidad a que se considere como infracción el uso de obras sin ánimos de lucro.
“Esta ley es un ejemplo de cómo ignoran que existe tensión con otro derecho. A costa de privilegiar los propietarios del derecho de autor, están vulnerando los derechos de las personas y de los usuarios de Internet, están vulnerando los derechos de muchos por privilegiar los de unos pocos”, señaló Martínez Velázquez.
Fuente: El Economista
