Un grupo de 23 legisladores federales de Estados Unidos expresaron su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en México, y en una carta enviada al Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, le indican que las quejas contra militares y policías se multiplicaron por cinco desde 2006 y hasta la fecha.
Los legisladores denuncian, además, los altos índice de impunidad el país y piden al Presidente Barack Obama poner en tema sobre la mesa cuando visite a Enrique Peña Nieto en México, la próxima semana.
La carta es firmada por republicanos como demócratas. Dice que este es el momento oportuno para trabajar con el gobierno mexicano para mejorar la situación en ese país, ya que el nuevo gobierno de Peña Nieto ha indicado su intención de dar prioridad a la defensa de los derechos humanos.
En el documento claramente expresa alarma por el incremento en violaciones de derechos humanos –de 534 quejas formales en 2007 a 2 mil 723 en 2012– por fuerzas de la seguridad pública y exhibe a México como un país de excesos e impunidad.
Los abusos incluyen tortura, violación sexual, asesinato extrajudicial, desaparición (indican los 26 mil desde 2006) y detención arbitraria, entre otros. Señalan que sólo dos agentes federales han sido culpados penalmente por tortura entre enero de 1994 y junio de 2010, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó un aumento de 400 por ciento en denuncias de tortura. Asimismo, indica que sólo hay 38 soldados culpados y condenados por abusos de derechos humanos desde 2006.
Los legisladores advierten que la grave situación de los derechos humanos no podrá mejorarse sin mayor protección jurídica y más capacitación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad pública, así como el fin a la impunidad.
Recuerdan que el Departamento de Estado tiene retenidos 18 millones de dólares en asistencia a México dentro del marco de la Iniciativa Mérida hasta que Washington identifique áreas de colaboración futura con el gobierno de Peña Nieto sobre cuestiones claves de derechos humanos.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expresó su apoyo a la misiva de los legisladores. La grave situación de derechos humanos en México no va resolverse por sí misma, consideró Maureen Meyer, coordinadora para los programas de México y Centroamérica de WOLA.
Subrayó que es fundamental que los gobiernos de Estados Unidos y México continúen enfocándose en la mejor manera de apoyar y defender los derechos humanos en México, y resaltó que no se pueden lograr estos objetivos sin poner fin a la impunidad.
La carta fue patrocinada por el representante demócrata James Moran, de Virginia, y el republicano Ted Poe, de Texas. Entre los 23 firmantes se encuentra el veterano legislador de las luchas de derechos civiles John Lewis, así como James McGovern, Luis Gutiérrez, Maxine Waters, Charles Rangel, Raúl Grijalva y Rosa DeLauro.
He aquí el texto íntegro de la misiva:
Estimado Secretario Kerry:
Con profundo reconocimiento por sus años de servicio para fortalecer la política exterior de los Estados Unidos en todo el mundo, lo felicitamos por su confirmación como Secretario de Estado. Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la persistencia de las violaciones graves de derechos humanos en México y para instar que la defensa de los derechos humanos sea una parte clave de la agenda bilateral con nuestro prójimo.
Ahora tenemos un momento oportuno para trabajar con el gobierno mexicano para mejorar la situación en ese país. Desde que asumió el poder el 1 de diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el reto más grande para México es “lograr que los derechos humanos pasen del papel a la realidad”. El compromiso expresado por el presidente Peña Nietollega en un momento crítico para México. Durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró un quintuplique de denuncias— de 534 en 2007 a 2.723 en 2012—de violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército Mexicano y la Policía Federal, incluyendo la tortura, la violación sexual, la ejecución extrajudicial, la detención arbitraria y la desaparición forzada, así como otros abusos.
Desafortunadamente, la mayoría de estos abusos siguen sin investigarse, y como consecuencia, impunes.
El obstáculo principal a la investigación efectiva y el procesamiento de violaciones de derechos humanos cometidos por soldados mexicanos ha sido la incapacidad de reformar el Código de Justicia Militar de México para que los abusos de los derechos humanos cometidos por el ejército contra la población civil sean juzgados en los tribunales civiles, no los militares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dictaminado a través de cuatro resoluciones tal como la misma Corte Suprema de México; además, el condicionamiento del apoyo de los Estados Unidos a México a través de la Iniciativa Mérida requiere que estos casos sean procesados por el fuero civil.
Además, el uso generalizado de la tortura para obtener confesiones en México también nos preocupa. La CNDH reportó un aumento del 400% en las denuncias de la tortura y el trato cruel en los últimos seis años. Como con otras violaciones de derechos humanos, sólo unos cuantos de los responsables de la tortura son investigados o sancionados. Por ejemplo, sólo dos agentes federales fueron condenados por tortura entre enero de 1994 y junio de 2010 según datos de la Procuraduría General de la Republica (PGR).
En los últimos años, los defensores de derechos humanos también han sufrido un aumento en las amenazas y los ataques, incluyendo el asesinato selectivo y la desaparición forzada por actores estatales y no estatales. La CNDH registró 51 denuncias de ataques contra defensores de derechos humanos sólo en el 2012 y afirmó que 27 defensores murieron entre 2005 y 2011.
Para poner fin a estos ataques, organizaciones mexicanas de derechos humanos impulsaron al ex presidente Calderón a firmar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, legislación histórica que creó en junio de 2012 un mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, el mecanismo aún no ha sido aplicado adecuadamente. Creemos que se necesita un compromiso concreto del gobierno de Peña Nieto para asegurar que este mecanismo proporcione medidas inmediatas de protección a defensores cuando sea necesario. Igualmente importantes son las investigaciones rápidas e integrales para garantizar que los responsables de las amenazas y los ataques sean juzgados y sancionados.
Finalmente, deseamos llamar su atención sobre el elevado número de desapariciones—estimado a más de 26.000—que han ocurrido en los últimos seis años. Entre estos casos, la CNDH identificó más de 2.000 casos de desapariciones forzadas donde existe evidencia clara del involucramiento de las autoridades federales; autoridades estatales y municipales también se ven implicadas en varios casos. Una ley importante que creó el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas entró en vigor en abril de 2012 pero hasta la fecha no está en pleno funcionamiento y no existe ninguna base de datos de cuerpos y restos no identificados.
El enero pasado, el Ministro del Interior de México, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que buscar a todos los desaparecidos es un compromiso del Presidente Peña Nieto. Un pasoimportante sería la creación de este registro nacional y una base de datos de restos. Teniendo en cuenta la experiencia de Estados Unidos con el Sistema Nacional de los Desaparecidos y Personas No Identificadas (NamUs, por sus siglas en inglés) y el Sistema de Índice Nacional de ADN (NDIS, por sus siglas en inglés) creemos que Estados Unidos puede entablar de una manera positiva con el gobierno mexicano sobre su registro y en los esfuerzos de México para traer respuestas y justicia a los familiares de los desaparecidos.
Señor Secretario, como usted sabe, el Departamento de Estado está reteniendo $18 millones de dólares en asistencia de seguridad a México hasta que Estados Unidos identifiquen áreas de colaboración futura con el gobierno de Peña Nieto sobre cuestiones claves de los derechos humanos. Nos animan las declaraciones de Peña Nieto que afirman su compromiso con los derechos humanos y creemos que proporcionan a Estados Unidos una apertura importante para plantear nuestras preocupaciones con el gobierno mexicano. La crisis de los derechos humanos no mejorará hasta que haya mayor protección jurídica, un aumento en la capacitación en materia de derechos humanos para las fuerzas de seguridad de México y más agentes del gobierno que rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos que cometen. Creemos que un incremento medible en el número de casos de abusos que son investigados y juzgados en el fuero civil debe ser un punto de referencia clave por la cual el Departamento de Estado evalúa los avances realizados por el gobierno de Peña Nieto en materia de los derechos humanos.
Agradecemos sus esfuerzos en apoyar al gobierno de México para cumplir con los compromisos que ha hecho para mejorar la rendición de cuentas y los derechos humanos. Gracias por su amable consideración.
Atentamente,
Miembros del Congreso Estadounidense:
James P. Moran
Ted Poe
Timothy Bishop
Yvette D. Clarke
James P. McGovern
Luis V. Gutierrez
Janice D. Schakowsky
Henry C. Johnson
John R. Carter
Randy Hultgren
John Lewis Barbara
Lee Maxine Waters
Charles B. Rangel
Michael E. Capuano
Raúl M. Grijalva
Tony Cardenas
Peter Welch
Bill Foster
Rosa L. DeLauro
Earl Blumenauer
Danny Davis
Alan Lowenthal
Fuente: Sin Embargo
