La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas Hernández, presentó una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador que faculta a las Fuerzas Armadas a ocuparse de la seguridad pública hasta el 2024.
Cuando fungió como diputada y senadora por su partido en anteriores legislaturas, Rojas defendió el uso del Ejército Mexicano y la Marina en tareas de seguridad pública, sobre todo desde que el presidente panista Felipe Calderón Hinojosa dicto esa orden. Ahora, refuta la determinación del gobierno federal por mantener esas fuerzas en acciones contra la delincuencia en todo el país. En un tuit, insistió en su proposición:
“Después de un amplio análisis del acuerdo del Ejecutivo Federal sobre las (sic) Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad pública, y de escuchar a OSC y a reconocidos constitucionalistas, considero que existen razones fundadas para solicitar a la SCJN revise su constitucionalidad”.
Perdón, el recurso es espurio, de igual manera… Agrego que en la primera sesión ordinaria de la Cámara seguramente se va a revocar. El contenido del decreto de AMLO ya se votó en el Congreso desde la reforma constitucional!
— Pablo Gómez (@PabloGomez1968) June 20, 2020
Ahora, de acuerdo con la legisladora panista, la decisión del Ejecutivo “se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación”.
Para Laura Rojas es preocupante que el decreto presidencial “contradiga el texto constitucional respecto a la complementariedad y la subordinación de las Fuerzas Armadas que participen en tareas de seguridad pública a las autoridades civiles al establecer que el secretario de Seguridad Pública debe ‘coordinarse’ con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina”.
También destacada en su controversia que “el principio de fiscalización es claro en exigir que el control de las Fuerzas Armadas que desempeñen tareas de seguridad pública debe ser llevada a cabo por ‘órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces’, (pero) el acuerdo deja la supervisión y control de las tareas de las Fuerzas Armadas a los órganos internos de control de la dependencia correspondiente”.
Laura Rojas aclara que su intención con esta controversia constitucional “no es cuestionar la facultad del presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, sino asegurar que éste cumpla efectivamente con los criterios que establece la Constitución, y con ello asegurar que sus acciones para otorgar seguridad a las y los mexicanos sean efectivas y estén sólidamente ancladas en la legalidad”.
El 11 de mayo pasado, López Obrador emitió un acuerdo presidencial mediante el que dispone de las fuerzas armadas de manera permanente para realizar tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional hasta finales de marzo de 2024.nal, se ven hoy reflejadas en esta controversia”.
Fuente: Apro/ La Jornada
