Carlos Ernesto Alonso Beltrán/ @CarlosAloBelt
El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha distinguido, entre otras cosas, por buscar desesperadamente un regreso al presidencialismo duro del viejo PRI. No obstante su campaña lo anunciaba como un “rostro nuevo”, las medidas implementadas desde el inicio de su mandato manifiestan una realidad completamente distinta.
Entre las principales muestras de esto tenemos que, inmediatamente después de tomar posesión, reunió a las principales, y ya muy corrompidas fuerzas políticas, en torno a un pernicioso Pacto por México. Lo anterior, el dominio del Congreso, la robustecida imagen del Secretario de Gobernación y lo parafernálico de los eventos de la presidencia, no evocan nada más que las épocas antañas del presidencialismo priista.
No conforme con eso, continúa con el retroceso histórico comenzando con la entrega del petróleo a empresas extranjeras y degenerando mediante leyes secundarias la reforma en materia de Telecomunicaciones. De lo mencionado, haré hincapié en lo relativo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Los gobiernos arbitrarios y faltos de legitimidad, comúnmente utilizan a los Organismos Autónomos como herramientas que disimulen su corrupción frente a la ciudadanía. Los presentan como soluciones fidedignas y confiables. Pues estos son, formalmente, un rompimiento con el esquema tradicional de la división de poderes. Sin embargo deben asegurar que dichos Organismos no puedan desarrollarse de manera plena, para que estas herramientas de la ciudadanía no exhiban o superen al mismo gobierno.
De esta manera el IFT, que constitucionalmente era dotado de plena autonomía y competencias importantes (Art. 28 CPEUM), es sometido a la figura del Ejecutivo que podrá interferir, ya sea de manera directa o por medio de alguna de sus dependencias. Creando con esto un Organismo atado de manos y silenciado para la emisión de pronunciamientos que puedan contravenir los intereses del gobierno o de las figuras empresariales que se encuentran detrás de él.
Más alarmante aún son las medidas de un Estado autoritario que debe asegurarse de que la respuesta de la ciudadanía sea frenada por todas las vías. Recurriendo así a la censura, ahora también en internet, y a la criminalización de la protesta social.
En relación con lo anterior, la Ciudad de México se caracterizaba por ser el punto de reunión de quienes realizaban una legítima defensa de los derechos violentados. Esto se veía reforzado a raíz de que el Distrito Federal dejó de ser un Departamento con injerencia directa del Ejecutivo, para poder elegir a sus representantes mediante el voto popular.
Sin embargo, con las últimas elecciones que arrojaron ganador a Miguel Ángel Mancera, la Ciudad se ha reincorporado a la dinámica del Ejecutivo Federal. Situación que se mostró claramente con los enfrentamientos del 1° de Diciembre de 2012, y se han visto sistemáticamente reforzados con las agresiones a la CNTE, los detenidos del 2 de Octubre de 2013 y demás actos en los que la lógica de una administración “penal”, por parte del Ex Procurador de Justicia del D.F., afianzan la mancuerna represiva del viejo PRI.
No obstante, no hay que olvidar que fue ese endurecimiento del presidencialismo, el mismo que propicio su caída a causa de su propio peso. Ahora que se intenta retomar ese modelo se erige frente a él, como históricamente ha sucedido, una oposición ciudadana que actúa en defensa de los derechos que ha conquistado. Dicha defensa y organización, son una reacción inevitable contra los actos de censura y represión. El ejemplo más claro está en las calles y en las redes.
Fuente: Revolución tres punto cero
