El Ayuntamiento regio presentó esta mañana una tercera denuncia penal contra la exalcaldesa panista Margarita Arellanes Cervantes, esta vez por irregularidades en el manejo de 34.5 millones de pesos.
El contralor municipal, Luis Enrique Orozco Suárez, explicó que fue el secretario del Ayuntamiento, Genaro García de la Garza, quien presentó la respectiva querella ante la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría de Nuevo León.
Orozco Suárez dijo que ya se prepara una cuarta denuncia por la contratación indebida de una aplicación (app), contra quien fuera la presidenta de esta capital en el trienio 2012-2015.
“El día de hoy la administración de Monterrey, mediante el secretario del Ayuntamiento, presentó una tercera denuncia con motivo del seguimiento a las irregularidades encontradas en el análisis de la entrega de recepción en la anterior administración pública municipal”, dijo el funcionario.
Señaló que en el análisis de la entrega-recepción de bienes municipales entre la pasada gestión y la actual del priista Adrián de la Garza Santos se detectó la retención de la mencionada cantidad por conceptos como seguro y prestaciones a través de firmas como Promobiem, Seguros EMME y GNP.
La auditoría detectó que la cifra fue retenida a los empleados municipales durante los meses de agosto, septiembre y octubre del 2015, aunque no fueron liquidadas ninguna de las ocho empresas detectadas como acreedoras del Ayuntamiento.
Hay otra retención de 13 millones de pesos para el sindicato que tampoco fue debidamente entregado, agregó el contralor, pero dijo desconocer el destino del dinero.
“El gran problema de esto, es que esos fondos entraron a cuentas revolventes a donde ingresaban recursos de todo tipo. El destino no pudo ser aclarado. Lo que tenemos claro es que fueron retenidos por entero y los servicios no fueron pagados”, precisó Orozco Suárez.
Con anterioridad, Arellanes y nueve de sus colaboradores fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción por la contratación indebida ante un despacho de abogados de un seguro contra denuncias que enfrentarían al dejar su función, un blindaje por el que pagaron 7.5 millones del erario.
Una segunda denuncia se presentó el pasado 1 de marzo, en la que la actual administración encontró que durante la gestión de Arellanes se detectó un desvío de obra pública. De 104 millones 722 mil pesos recibidos, el pasado Ayuntamiento ilegalmente utilizó 10.3 millones para otro rubro.
Sobre ésta última no se ha pronunciado la Procuraduría de Nuevo León.
Fuente: Apro
