El Poder del Consumidor presentó 11 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra altos ex funcionarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La querella incluye a Mikel Arriola, Álvaro Pérez Vega y Patricio Caso, por presunto conflicto de intereses en el desarrollo de la política pública de etiquetado de alimentos aplicada en México a partir de 2014, y por haber colaborado con la empresa Coca-Cola para resolver los amparos contra dicha norma.
En conferencia de prensa, Alejandro Calvillo, presidente de la organización, presentó cuatro correos electrónicos –obtenidos en un juicio en Estados Unidos– en los que hay comunicación entre ex funcionarios de Cofepris, entre ellos Patricio Caso, actualmente, dijo, alto funcionario de la trasnacional, y altos directivos de Coca Cola, en los que “se presume hubo colaboración para elaborar la regulación del antiguo etiquetado”, el cual fue impugnado por diversas organizaciones civiles por incumplir las normas internacionales, ya que permitía el doble del consumo máximo de azúcar recomendado.
Además, se presentó una carta de la entonces representante en México de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Maureen Birmingham, dirigida a la secretaria de Salud de ese momento, Mercedes Juan López, en la que “se manifiesta la ineficiencia de dicho etiquetado”.
También se dieron a conocer las solicitudes de acceso a la información hechas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que la Cofepris informara quiénes participaron en la realización de los criterios para el etiquetado de alimentos y bebidas, el cual “no fue elaborado por un grupo de expertos, sino por dos abogados y una ingeniera, entre ellos Patricio Caso”, indicó Calvillo.
Javier Zúñiga, coordinador del área jurídica de El Poder del Consumidor, explicó que también se presentaron denuncias contra actuales funcionarios de Cofepris, por incumplir las resoluciones del INAI que ordenan buscar y entregar información sobre las citadas comunicaciones generadas en 2013 y 2016, las cuales “ya no aparecen entre los correos institucionales de la Cofepris, por lo que se presume que la información fue destruida por los funcionarios involucrados”.
Calvillo señaló que se trata de una investigación de 12 años, “y es apenas la punta del iceberg, por lo que se debe investigar el papel que jugaron estos altos funcionarios, porque prácticamente se dejó en manos de la empresa Coca Cola la elaboración del antiguo etiquetado de alimentos, conforme a sus intereses, y no para proteger la salud de millones de mexicanos”. Destacó que será la SFP la que determinar si hay o no conflicto de intereses y sus posibles sanciones.
Fuente: La Jornada
