Los Relatores Especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación con respecto a la lentitud en los avances de la investigación del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, ocurrido hace dos años y medio.
En un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que Valdez –quien fuera corresponsal de esta casa editorial, además de fundador y redactor del semanario Ríodoce– fue asesinado en Sinaloa el 15 de mayo de 2017 por sujetos desconocidos que le dispararon al salir de su lugar de trabajo.
“Es inadmisible que a 30 meses del cruel asesinato de Javier Valdez nadie haya sido todavía condenado por el crimen” dijeron David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y Expresión, y Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
“La falta de celeridad en la investigación, enjuiciamiento y sanción de todos los responsables puede resultar en la violación adicional de los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales”, explicaron.
El asesinato de Javier Valdez llevó a que el entonces Presidente, Enrique Peña Nieto, anunciara que se adaptarían medidas concretas para fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humano y periodistas, con el propósito de garantizar la prevención de agresiones y la protección de la prensa en México.
Los expertos reconocieron los esfuerzos hechos por la Feadle en coordinación con la Fiscalía General de Sinaloa (FGS) para finalizar la investigación y establecer los hechos del crimen cometido en contra del periodista.
Sin embargo, enfatizaron que el Poder Judicial ahora debe actuar con debida diligencia para concluir satisfactoriamente los procesos, por lo que lo llamaron acelerar el proceso y definir la fecha para el inicio del juicio oral.
Los Relatores Especiales le recordaron a las autoridades mexicanas que el Estado debe garantizar una investigación independiente, rápida, efectiva e imparcial que permita juzgar ante tribunales imparciales e independientes tanto a quienes cometieron estos actos de violencia, como a sus autores intelectuales.
“Solo así se hará justicia, se evitará la repetición y se prevendrán los efectos inhibitorios que la violencia causa en los comunicadores”, indicaron.
Asimismo, los expertos indicaron que esta dilación del proceso “contribuye de manera directa a la impunidad continua en los crímenes contra periodistas en México”, por lo que instaron al Gobierno mexicano a reemplazar este paradigma de impunidad por otro que garantice una efectiva investigación, enjuiciamiento y monitoreo, de conformidad con sus obligaciones internacionales.
“Es imperativo que las autoridades gubernamentales intensifiquen el uso de la potestad legal de la FEADLE para investigar y enjuiciar delitos contra periodistas y adoptar medidas de amplio alcance que pongan fin a la impunidad en el país”, explicaron.
En este sentido, exhortaron al gobierno mexicano a que se conduzcan bajo los tiempos procesales marcados dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, buscando garantizar el derecho al acceso a la justicia y evitar el correlativo sufrimiento de las familias frente al retraso de tales procesos.
Adicionalmente, ambos expertos recibieron con profunda preocupación información sobre amenazas recibidas por la esposa del periodista, Griselda Triana, y colegas del semanario Ríodoce.
Los Relatores Especiales reiteraron a las autoridades mexicanas su obligación de adoptar medidas de protección integral y efectiva para los familiares del periodista y sus colegas.
Fuente: La Jornada
