Organizaciones sociales advirtieron que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior se podría utilizar a la fuerza militar contra manifestaciones en rechazo a los resultados de las elecciones de 2018.
Activistas de la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo y Mexicanos Unidos afirmaron que es un riesgo que la ley, que se discutirá mañana en comisiones del Senado, establece que el Presidente de la República puede pedir la intervención del Ejército si determina que las protestas sociales son amenazas a la seguridad interior o a la seguridad pública.
“Hay un gran riesgo de que no triunfe el candidato del sistema, y ellos ya están pensando cómo reprimir las manifestaciones del fraude que ya se prevé”, afirmó Enrique González, de Mexicanos Unidos.
En conferencia de prensa, Porfirio Martínez, también de Mexicanos Unidos, sostuvo que la Ley de Seguridad Interior, aprobada el pasado 30 de noviembre en la Cámara de Diputados, deja en estado de indefensión a los ciudadanos mexicanos.
“Esta ley es la ley de Porfirio Díaz, la ley de mátenlos en caliente”, expresó.
Francisco Gallardo, de la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo, aseguró que a través de esta ley se quieren legalizar las actuaciones del Ejército que han sido arbitrarias.
“En más de tres años, el Gobierno no ha podido ni querido esclarecer los crímenes cometidos contra los seis asesinados y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los casos de Tlatlaya, de Tanhuato, de Apatzingán, de Ostula ni de Nochixtlán, en los que intervinieron directamente diversas corporaciones policiales y miembros del Ejército con uniforme de la Policía Federal”, expuso.
Al leer un posicionamiento, destacaron que la función de las Fuerzas Armadas no es la de perseguir delincuentes, sino la de defender la integridad territorial y la soberanía nacional en caso de amenaza o ataque de alguna fuerza o potencia extranjera.
Reprobaron que el Gobierno mexicano, incluida la Cámara de Diputados, haya ignorado los llamados del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Washington para América Latina, Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones nacionales e internacionales.
En ese sentido, los activistas llamaron a la Cámara de Senadores a no aprobar la ley.
“Hoy el País está dividido entre quienes vamos a defender a la Patria y quienes están dispuestos a seguir sometiendo al pueblo”, dijo Martínez.
“Aquí el asunto es quiénes van a defender al País y al pueblo de México y quiénes van a seguir afectándolo, así todos los senadores tienen que resolver, en conciencia, si atacan al País o lo defienden”.
Fuente: Reforma
