Por Ricardo Monreal Ávila
En atención a los lectores que me han enviado diversos correos.
1) ¿Por qué no reconocen el resultado de la elección presidencial?
Porque es una de las elecciones con más irregularidades en los últimos años. Se presentaron dos tipos de irregularidades: cuantitativas y cualitativas. Las primeras quedaron parcialmente aclaradas con el recuento parcial realizado la semana pasada. En términos cualitativos, consideramos que se vulneraron seriamente los principios constitucionales electorales de certeza, legalidad, independencia y objetividad.
2) ¿Cuál es la irregularidad más grave?
El compreo, no el conteo de votos. Esto no solo lo denuncia la coalición Movimiento Progresista, también lo constataron diversos observadores nacionales e internacionales. Alianza Cívica, con gran experiencia nacional e internacional en la detección de prácticas electorales irregulares, destaca lo siguiente: en 21% de casillas hubo reportes de violación al voto secreto. 28% de ciudadanos encuestados estuvieron expuestos a prácticas de compra y coacción del voto. Casi 50% de los casos observados reportan alguna irregularidad. Partidos que se beneficiaron con estas prácticas: PRI-PVEM 71%, PAN 17%, PRD 9%, Panal 3%. La conclusión: “un proceso electoral de baja calidad”.
3) ¿Es delito comprar un voto?
Código Penal Federal: “Artículo 403. Se impondrán de diez a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:.. VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral;”. Por su penalidad, es un delito equiparable a diversos delitos contra la salud, el medio ambiente, fraudes financieros, robos informáticos, estafas mercantiles y daños a la integridad personal. Tan grave es robar como comprar un voto.
4) ¿Cuántos votos se habrían comprado “mediante paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa”?
Únicamente por concepto de “tarjetas recompensa” Soriana, tarjetas telefónicas prepagadas y monederos electrónicos Monex, estimamos en 5 millones de electores los que fueron cooptados de esta manera.
5) ¿Cuánto se gastó el PRI en la elección presidencial?
La cifra preliminar por concepto de tarjetas Soriana, monederos electrónicos, monederos Monex, tarjetas telefónicas, call centers, espectaculares, publicidad encubierta en medios, infomerciales, encuestas a modo, 32 utilitarios diversos (desde camisetas hasta ropa deportiva, bicicletas, electrodomésticos, etcétera), alquiler de una flota aérea, movilizadores del voto, cursos en el Centro Fox a coordinadores estatales, asesores y consultores extranjeros, entre otros, la cifra es cercana a los 5 mil millones de pesos. Gasto ejercido de manera mancomunada entre el PRI y los gobernadores afines a EPN. Es decir, 15 veces el tope de 334 mdp.
6) Todos los partidos, incluidos los de izquierda, recurren a esta práctica de cambiar votos por recompensas, y rebasar los topes.
Si se demuestra que, además del PRI, el resto de los partidos (incluido PRD, PT y MC) compraron un porcentaje de los votos obtenidos y rebasaron los topes, esto no sería una causal de exoneración o atenuante de los delitos señalados. Por el contrario, significaría que el rebase y la compra fue una práctica generalizada, sistemática e indiscriminada que reforzaría la conclusión de que fue una elección presidencial viciada de origen, y por lo tanto debería invalidarse.
7) ¿Cuántos votos son necesarios para que reconozcan una derrota?
No es un problema de cantidad, sino de calidad de la elección. Si hubiera equidad, autenticidad y transparencia en la elección presidencial, estaríamos reconociendo el resultado hasta con un voto de diferencia. Pero si no se respetan los principios constitucionales, así existan 20 millones de votos de diferencia, no podríamos avalar una elección manchada por el abuso, la inconstitucionalidad y el atropello.
8) ¿Tomarán las calles?
Hemos tomado la vía pública de la constitucionalidad, la legalidad y la lucha política pacífica. Estamos agotando las instancias, no agitando a las instituciones. Quienes atentan ahora contra las instituciones son algunos de sus integrantes, como el presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos, que aún antes de recibir los recursos de impugnación ya adelantó su veredicto: no se ganará en la mesa lo que no se obtuvo en las urnas. Debería excusarse.
9) Al impugnar, ¿no están desconociendo el Acuerdo de Civilidad firmado ante el IFE?
El Acuerdo de Civilidad no implica renunciar a defender la legalidad. Además, es un acuerdo que no solo obliga a los partidos y candidatos a respetarlo, sino también a las autoridades electorales. Demandar que se limpie la elección no es romper el acuerdo. En cambio, pedir que se acepten los resultados, haciendo a un lado las irregularidades, es exigir sumisión o complicidad, algo que no va con la civilidad ni con la democracia.
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Este artículo fue publicado originalmente en Milenio.
