Gracias a “un título seductor”, la mayoría de la izquierda en la Cámara de Diputados avaló la Ley de Consulta Popular (LCP)… que resulta insuficiente para revocar la reforma en materia energética.
Ambigua, sin solidez ni alcance, la norma aprobada por PRD, PRI, PAN, PVEM y Panal el martes 10 no prevé la posibilidad de que la consulta revoque reformas a la Constitución, explica Alfonso Durazo Montaño, diputado por MC y exsecretario particular de Vicente Fox.
Ante esta situación, Manuel Bartlett, senador por el PT, anuncia que los legisladores integrados en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) buscarán interponer una controversia constitucional para dar marcha atrás a la “privatización del petróleo”. Cabildearán también un juicio político contra Enrique Peña Nieto por traición a la patria.
Sin embargo, considera que la única forma efectiva de evitar la entrega de los hidrocarburos es “la calle, porque este gobierno siente que puede violentar toda ley y que su capacidad de imposición no tiene límite. Sólo la calle le puede imponer ese límite”. Una vez que Morena se constituya como partido y Andrés Manuel López Obrador se reintegre a la lucha, cree que el camino se reorientará.
Negociación y desconocimiento
El jueves 5, la diputada perredista Amalia García y la senadora Angélica de la Peña –esposa del expresidente nacional del PRD Jesús Ortega– confeccionan el predictamen de la LCP, en el marco del Pacto por México. Junto a ellas trabaja el diputado panista José González Morfin.
Ese mismo día, la minuta de la reforma política delineada por PAN y PRI en el Senado llega a San Lázaro. Sin discutirse en comisiones comienza a debatirse en el pleno.
Por la tarde, Amalia García presume que el PRD ha logrado que las “cartas ciudadanas” (esquemas de participación civil) se incorporen al dictamen de la LCP. Y a punto de que concluya ese jueves, la Comisión de Gobernación convoca a una sesión extraordinaria: La LCP se discutirá la madrugada del viernes, una vez que se desahogue la reforma política, lo que ocurre a la una de la madrugada.
La comisión avala el dictamen de la LCP, con el voto de los perredistas. El PT y MC la rechazan por considerarla “insuficiente” y llena de “ambigüedades”.
Sin embargo, a las tres de la mañana del viernes, la sesión del pleno se levanta debido a un desencuentro entre PRD y PAN con el PRI.
“Se clausura sin discutir la LCP, porque Amalia García, Angélica de la Peña y José González Morfin incumplieron el compromiso que habían firmado en el Pacto por México, y que era permitirle al presidente de la República tener tiempo aire para promover su posición cuando él solicitara la consulta pública”, revela una de las fuentes que participaron en las negociaciones durante aquella madrugada.
“Silvano Aureoles –coordinador del PRD– y Alberto Villarreal –líder de los panistas– se quisieron pasar de listos no respetando el acuerdo”, añade la fuente.
La votación de la LCP se pospone para el martes 10, eliminando la preferencia que tendría el Ejecutivo federal en la difusión (artículo 41). Los perredistas incluyen cambios en los artículos 12, 14 y 15, pero no incorporan la puntualización de que las reformas a la Constitución puedan revocarse mediante consulta.
Finalmente la LCP se avala en el pleno con 431 votos a favor, de los que 66 fueron del PRD.
El diputado Alfonso Durazo Montaño considera que “no fue ingenuidad” de quienes negociaron la ley dejarla llena de obstáculos. Les otorga el beneficio de la duda: “Atribuyo estos errores a la forma en que se procesó, a la falta de análisis parlamentario, a la premura”.
El legislador, que forma parte de la Comisión de Gobernación, detalla que el dictamen nunca se discutió a cabalidad. Sólo se fijaron los posicionamientos de los partidos políticos.
La perredista Aleida Alavez, integrante de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, lo contradice. El miércoles 18 aseguró ante los medios de comunicación: “Nosotros, como PRD, votamos a favor de la consulta porque tiene todos los elementos, los mecanismos, para llevarse a cabo. Nadie nos engañó, nadie nos puso una redacción que no conociéramos”.
Ley suprema e intocable
El martes 10, durante el debate de la LCP, Durazo pide a la gente de izquierda que no se deje engañar. “El título es tremendamente seductor”, acepta, pero insiste en que la ley está llena de obstáculos.
En entrevista, el diputado detalla los aspectos que hacen “casi imposible” revertir los cambios a la Constitución en materia energética.
Es ambigua, sostiene, pues no establece claramente su carácter revocatorio. Y lanza: “La ley tiene una serie de malos entendidos, y si el PRI y el gobierno no respetan los procedimientos parlamentarios explícitos, yo me pregunto si van a respetar aquello que uno supone que está implícito en la ley, como es el carácter revocatorio de una consulta popular en términos constitucionales”.
Segundo punto: En la ley se marca que se someterán a consulta los “actos legislativos”… lo que convierte en intocable la reforma energética, que concierne a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna. Ocurre que esas modificaciones, jurídicamente hablando, no son “actos legislativos”, sino un “acto del constituyente permanente”, integrado por el Congreso de la Unión, más 17 congresos locales que avalen lo propuesto por el legislativo federal.
La ley cuenta con otros matices nocivos, añade, en los requisitos para convocar una consulta a iniciativa ciudadana. Primero se pide juntar 2% de las firmas del listado nominal de electores, que ya se tienen. Pero, luego, la Cámara de Diputados debe hacer dos consultas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ese tribunal debe determinar si en la petición “no hay inconstitucionalidad” y si el tema planteado es “de trascendencia para la nación”, lo que abre un portón a la discrecionalidad.
Peor aún, en el artículo 5 de la LCP, explica Durazo, se asienta que para hacer válido el resultado de una consulta la participación debe ser igual o mayor a 40% del listado nominal.
Existe otro escollo: el artículo 11. Ahí se establecen los temas que no pueden someterse a este tipo de práctica democrática. Y no está permitido consultar a la gente sobre “ingresos y gastos del Estado”.
El senador del PRI David Penchyna, que tuvo a su cargo el procesamiento de la reforma en dicha cámara, ha repetido que el petróleo y el gas son un asunto de “ingreso y gasto”, por lo tanto, vedados al escrutinio público.
Las otras vías
El senador Manuel Bartlett informó que cuando llegue al Senado la minuta de la LCP, en febrero, MC y PT tratarán de explicitar el carácter revocatorio a las reformas del constituyente permanente.
Existe aún otra vía: el recurso de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se argumentará que se han violado los procedimientos parlamentarios y la propia Carta Magna.
Para ello, Morena tiene que lograr 33% del respaldo de senadores o de diputados.
“¿Cuál es el argumento? La amputación de decisiones políticas fundamentales, que dicen que no se puede tocar una Constitución en sus partes esenciales”, asienta Bartlett, quien ya tiene experiencia en recursos de este tipo, como el que interpuso cuando se promulgó la Ley del Servicio Eléctrico o la de Telecomunicaciones.
El diputado Durazo señala que no sólo los legisladores federales pueden iniciar este recurso; también los partidos políticos o un Congreso local.
“Si el PRD es congruente con su rechazo a la reforma energética”, arguye, “puede solicitar la acción de inconstitucionalidad, como partido o como Asamblea Legislativa del Distrito Federal u otro Congreso en que tenga 33% de los votos.”
Por su parte, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de MC en San Lázaro, informó que se intentará “unificar las estrategias con PRD y PT, organizaciones sindicales y sociales opositoras a la reforma; preparar folletos informativos sobre posibles despidos de trabajadores de Pemex y CFE; distribuir casa por casa un folleto en forma de historieta sobre lo lesivo de la reforma, destacando la falsedad de que bajarán los precios de la luz, el gas y la gasolina; recurrir a las redes sociales; hacer de las elecciones federales de 2015, fecha en que tendría que realizarse la consulta popular, un referéndum sobre la permanencia o rechazo a que el PRI y el PAN sigan teniendo mayoría en la Cámara de Diputados; promover el depósito de cápsulas del tiempo en los parques que lleven por nombre Lázaro Cárdenas o 18 de Marzo, que contengan recibos de luz, gas, gasolina y diésel, así como la lista de senadores y diputados que votaron a favor de la reforma. Las cápsulas se abrirán el 18 de marzo de 2018…”.
Fuente: Proceso
