(Zócalo, manifestación e información, una propuesta)
Por Marco Rascón
Siendo la ciudad capital, el espacio del Distrito Federal es el escenario de las demandas locales, de otras entidades y las que competen al gobierno federal. Es su alto significado como la ciudad de todos los mexicanos.
En los últimos 45 años, las calles, plazas y espacios públicos de la Ciudad de México han sido el lugar donde la sociedad ha expresado sus demandas, derechos y el proceso de cambio a lo largo de este medio siglo. Los cambios han venido de abajo, del espacio público, no de las instituciones.
Prácticamente no existe en la ciudad un sector que no se haya manifestado en sus calles. Desde el Zócalo prohibido y solo accesible a las organizaciones corporativizadas, hasta las del sismo de 1985 y la insurrección ciudadana de 1988 y la que hizo posible el gobierno propio en el DF, además de las deportivas, religiosas y festivas.
La lógica de los manifestantes ha sido en primer lugar ser reconocidos como portadores de un problema. Las manifestaciones ante los cercos policiacos y de provocadores invitaban al pueblo a sumarse, y la manifestación era un sinónimo de demanda de justicia y recogía la opinión de los que simpatizaban con su presencia y los que las insultaban.
Mucha agua y manifestaciones han corrido bajo el puente y la evolución política, han hecho de la Ciudad de México el espacio público para dirimir decenas de demandas al mismo tiempo, tanto del ámbito local como las originadas de los acontecimientos nacionales.
La llegada del gobierno electo en el Distrito Federal y gobiernos propios de la ciudad y las llamadas aún delegaciones, intensificó la movilización y las manifestaciones como vía de gestión política, económica y social.
La disputa por el espacio público se ha intensificado y concientizado a lo largo de estos 16 años en la ciudad, lográndose una coexistencia que tiende más hacia la tolerancia que hacia la reglamentación.
Un sector conservador ha demandado “reglamentar” las manifestaciones y confinarlas, reduciendo el espacio público y el derecho de manifestación. Otros sectores han realizado el derecho de manifestación no solo contra las autoridades, sino contra los mismos ciudadanos, intentando con ello convertir el derecho de manifestación en una muestra de ingobernabilidad de la autoridad.
La fuerza pública de antes y de ahora tiene distintos comportamientos, y pareciera que ahora la actitud defensiva de los policías y granaderos paradójicamente alimenta también la idea conservadora de que las manifestaciones deben ser reprimidas y restringidas.
Frente a eso, va la siguiente propuesta:
Si la manifestación local, de otras entidades y federales es pública, el diálogo que sostengan con las autoridades respectivas, deberá ser público.
Todos los niveles de gobierno deberán tener su portal de internet abierto, en tiempo real, a fin de que la ciudadanía en general tenga acceso a las negociaciones y se conozca por la ciudadanía y los medios, lo que se demanda y se responde por parte de la autoridad, en cada caso.
Cada manifestación, su diálogo, negociación y resultado deberá quedar registrada a manera de bitácora del encuentro entre autoridades y ciudadanos, con el fin de conocer la racionalidad y justeza de lo que se plantea y por lo que se protesta, así como las respuestas de los representantes del gobierno, punto por punto.
Si la exigencia general de las manifestaciones de hoy es en primer lugar el “diálogo”, éste debe ser público, así como es la movilización y del tamaño que sea. Manifestación que pise y marche por la calle o el espacio público, ya sea en banquetas o vías confinadas, deberá de tener un registro público del evento y la consecución.
Tanto los grupos, movimientos, partidos, gobiernos e instituciones en principio deben ser considerados parte de la solución del problema. Los demandantes serán reconocidos positivamente. Sus diálogos y negociaciones deberán adquirir el estatus como un patrimonio de la ciudad, pues sus acuerdos formales establecerán precedente para reclamar en otros casos, igualdad de atención y solución.
Los bloqueos premeditados y las manifestaciones dirigidas contra los derechos de otros ciudadanos, utilizando de manera arbitraria el espacio público, serán sancionados y no serán considerados parte de la solución de los problemas.
No se trata de restringir sino de ampliar con vocación y tecnología el derecho de manifestación y de información.
Por último: debe haber acuerdo de todas las fuerzas nacionales y los gobiernos en torno al Zócalo. Se puede acceder a él en manifestación, pero no de manera permanente, sean actos oficiales, comerciales o ciudadanos.
Plaza para todos e información para todos.
@MarcoRascon
Fuente: www.marcorascon.org
