Por quinto año consecutivo, Freedom House clasificó a México como “país no libre” en materia de libertad de prensa y “uno de los lugares más peligros del mundo para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación”.
En su más reciente informe mundial sobre la libertad de prensa, Freedom House ubicó a México en la misma categoría que Venezuela, Ecuador, Honduras y Cuba, en el continente americano.
En el recuento de acontecimientos de 2015, la organización destacó el asesinato de cuatro reporteros; el despido de Carmen Aristegui y su equipo de investigación tras la revelación de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto; ataques cibernéticos a sitios web de medios en línea y organizaciones de libertad de prensa, así como campañas de desprestigio contra periodistas en las redes sociales.
Como país, Freedom House destacó que en los medios prevaleció el tema de la falta de esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como los subsecuentes ataques mediáticos a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer el caso, y la difusión de otros casos graves de violaciones a derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad y castrenses, como los de Tanhauto y Apatzingán, en Michoacán.
La organización, que ha mantenido colaboración con la Secretaría de Gobernación para el fortalecimiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, resaltó que a lo largo del año reporteros que dan cobertura a asuntos políticos, tráfico de drogas y corrupción gubernamental, “enfrentan riesgos cada vez más altos a su integridad física desde 2006, cuando la violencia se disparó”.
El documento, que da cuenta de que dos homicidios de periodistas ocurrieron en Oaxaca y uno en Veracruz, se detiene en el caso de Rubén Espinosa, quien fue ejecutado junto con otras cuatro mujeres en la Ciudad de México en julio “después de amenazas en su estado natal que le llevó a huir”.
Sobre el caso de Espinosa, quien fuera colaborador de la revista Proceso, Freedom House advierte que “el contexto más amplio de impunidad y la falta de protección del Estado, la inmediata desestimación de que detrás del homicidio había un móvil profesional, provocó la indignación de periodistas mexicanos”.
Al señalar que la autocensura ha aumentado sobre todo en zonas de influencia de la delincuencia organizada, la organización reprueba “la lentitud” de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para atraer casos de agresiones ocurridas en los estados a pesar de contar con los instrumentos jurídicos para ello.
Agrega que a pesar de los avances jurídicos, “estaciones de radio comunitarias siguen sufriendo acoso ocasional de los delincuentes y las autoridades estatales”.
Entre los avances destacados, dice Freedom House, están la reforma al artículo sexto Constitucional en 2013, para darle categoría de derecho humano al acceso a internet, pero “las bandas han amenazado con asesinar a bloggers y periodistas digitales que informan sobre el crimen organizado”.
Para la organización no cabe duda que en México “los medios de comunicación y sus empleos se enfrentan a una variedad de actores interesados en manipular u obstruir los contenidos informativos, incluidos los propietarios con agendas políticas o de negocios, los principales anunciantes en busca de una cobertura positiva o neutra, funcionarios del gobierno y las organizaciones criminales”.
En la última década, advierte, “una combinación de violencia criminal y política, que refleja con frecuencia la colusión entre las organizaciones criminales y funcionarios del Estado”, ha prevalecido en la última década.
Freedom House cita informes de Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) de que al menos 36 periodistas y cuatro trabajadores de los medios, han sido asesinados desde 1992, en tanto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registra 107 periodistas asesinados de 2000 a 2015, y Artículo 19 documenta siete asesinatos el año pasado.
Frente a un ambiente violento, señala, los periodistas no cuentan con la protección gubernamental, por el contrario, enfrentan obstáculos para ingresar al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012.
“Los bajos niveles de financiación y voluntad política, las rivalidades burocráticas y la falta de capacitación, son algunos de los desafíos que afectan la capacidad del gobierno federal para proteger a los periodistas”, evalúa Freedom House.
Fuente: Apro
