Por Efraín Arteaga Domínguez*
Durante la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, de 1942 a 1967, estuvo vigente el llamado Programa Bracero, en virtud del cual más de 4 millones 600 mil trabajadores mexicanos fueron contratados para trabajar en Estados Unidos, en los campos agrícolas y en la construcción de vías férreas, conforme a un Convenio Internacional de Trabajadores Temporales suscrito por ambos países. No obstante la existencia de ese acuerdo internacional, se los obligaba a trabajar en condiciones de semiesclavitud: exámenes médicos humillantes, hacinamiento, precaria alimentación, trato despótico por los mayordomos, jornadas de trabajo de hasta 14 horas diarias, salarios miserables, etcétera.
Una de las cláusulas, establecía que se les deduciría 10 por ciento de sus salarios, a fin de constituir un fondo de ahorro, que sería enviado por el gobierno estadunidense al mexicano, y luego éste se los reintegraría una vez que ya estuviesen de regreso en sus comunidades de origen. Hasta donde se sabe, patrones y gobierno estadunidenses cumplieron con el acuerdo, pero no así el gobierno mexicano, pues nunca entregó a los ex braceros sus fondos de ahorro. Se trata, quizá, del robo más grande en la historia de nuestro país, superado sólo por el saqueo que la corona española llevó a cabo durante los tres siglos del periodo colonial.
Mucho después, hacia 1998, los ex braceros comenzaron a organizarse aquí y allá, para reclamar tanto el pago de sus fondos de ahorro, como los intereses y actualizaciones correspondientes conforme a derecho. Desde ese año y hasta 2004, su lucha fue en ascenso, y se expresó en grandes movilizaciones: cierre de carreteras y de líneas fronterizas, marchas, plantones, etcétera.
En 2005, bajo el gobierno de Vicente Fox, se expidió una ley mediante la cual se creó un fideicomiso con la finalidad de otorgar a todos los ex trabajadores migratorios mexicanos del aquel periodo un apoyo social por 38 mil pesos por única ocasión. Evidentemente, se trataba sólo de mediatizar la exigencia de justicia de los ex braceros, mediante una supuesta solución, mezquina, hipócrita y engañosa.
De cualquier manera, bajo los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón; esto es, de 2005 a 2012, se estuvieron asignando recursos presupuestales para el pago de ese apoyo social. A lo largo de esos ocho años se asignaron más de 7 mil millones de pesos, y se ha entregado hasta la fecha a cerca de 181 mil ex braceros. Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas dependiente de la Cámara de Diputados (Estudio de Impacto Presupuestario, marzo de 2008, páginas 12-17), existen aún 3 millones 233 mil 755 ex braceros o sus beneficiarios, en posibilidad de reclamar el pago de ese apoyo social. Esto significa que se ha entregado apenas a 5.6 por ciento del total; es decir, el Fideicomiso 10230 está muy lejos de cumplir el objetivo para el que fue creado; le falta, nada más y nada menos, entregar ese apoyo al restante 94.4 por ciento.
El problema actual radica en que el presidente Enrique Peña Nieto ha decidido ya no asignar fondos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para pago a ex braceros. No los incluyó en el Presupuesto 2013, ni en su Proyecto de Presupuesto para 2014. A pesar de que la Ley expedida en 2005 se lo ordena, y también la Constitución, desde que prohíbe dar un trato discriminatorio a persona alguna por ningún tipo de motivo, ha impuesto su decisión por vía de facto, valiéndose para ello de la complicidad de los grupos parlamentarios que le son afines.
Tal decisión, pasa también por encima de los derechos de 40 mil 87 ex braceros a quienes la propia Secretaría de Gobernación entregó un número de folio. Existe un informe oficial del titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP (oficio 307-A.-6441, fechado el 22 de noviembre de 2012), en el que notifica acerca del requerimiento presupuestal por la cantidad de un mil 523 millones de pesos, para garantizar el pago del apoyo social a estos beneficiarios.
Se trata entonces de un movimiento social sui generis, en el que sus protagonistas son ancianos y ancianas; transgeneracional en el sentido de que sus hijos continúan la lucha cuando han fallecido sus padres, frente a un gobierno que se niega, impúdicamente, a devolverles lo que es de ellos, producto de su trabajo.
* Efraín Arteaga Domínguez. Profesor investigador, Universidad Autónoma de Zacatecas.
earteagad@hotmail.com
