Duarte es presunto responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar cientos de millones de pesos provenientes del erario público.
Por Arturo Angel
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue detenido en Guatemala ya que existía una orden de aprehensión en su contra por dos delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
El 14 de octubre del 2016 la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo esa orden de aprehensión que permitió detener a Duarte en Guatemala, y por la cual tendrá que enfrentar un primer juicio en México.
De acuerdo con las investigaciones de la PGR, Javier Duarte es responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público, el cual fue entregado a empresas fantasma que, a su vez, lo triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres.
El expediente del caso fue expuesto por fiscales de la PGR y funcionarios del SAT en una audiencia oral realizada ante un juez federal en noviembre pasado.
La indagatoria del Ministerio Público, que contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, indica que entre 2012 y 2013, a través de las Sceretarías de Educación y Salud de Veracruz, se concedieron contratos a las compañías Evolución de Diseños, Farmacias Genéricos, Solaris Technologies, Gali Textil y Aglomerados de Concreto del Papaloapan.
“Estas y otras compañías que siguen bajo investigación recibieron contratos en procesos simulados de adquisición por diversos rubros que no se llevaron a cabo, estas empresas son compañías fachada, de papel, con domicilios en donde no hay compañía alguna, creadas exprofeso para recibir y repartir recursos públicos”, expusieron los fiscales ante el juez que concedió la orden de aprehensión.
Lo que luego documentó la PGR fue la ruta que siguió el dinero a través de transferencias electrónicas conocidas como SPEI. Los recursos fueron traspasados a por lo menos nueve empresas: Edifica México, Benfa Inmobiliaria, Diseño Arquitectónicos Malva, Diseños Arquitectónicos Aylin, Sacmet Inmobiliaria, Agatone Advisor, Medical Health Services H2S, Anivis International Y grupo Inmobiliario Boing.
Estas nueve compañías, que ya no eran contratistas del gobierno, recibieron el dinero público de las que sí eran proveedoras. Con el apoyo de la Secretaría de Hacienda se detectó que todas ellas traspasaron el dinero a una empresa de tercer nivel denominada Consorcio Brades.
“Ni estas ni otras empresas son reales, sus servicios son simulados, Las compañías involucradas tiene una dirección física que coinciden con otras 48, un teléfono que es el mismo de otras 32 empresas. Se presume que estas y otras empresas fueron usadas en esta maquinación de desvío de recursos”, expusieron los fiscales en el Juzgado.
El seguimiento de las operaciones bancarias permitió a PGR establecer ante que la empresa Consorcio Brades simuló la compra de terrenos ejidales con sobreprecio en Campeche. Dichos terrenos ejidales eran propiedad de prestanombres de Duarte que fingieron ser ejidatarios, entre ellos el empresario Moisés Mansur y el abogado fiscalista José Juan Janeiro Rodríguez.
Finalmente la PGR expuso ante el juez que el dinero, ya en poder de los presuntos prestanombres de Duarte, fue utilizado con diversos fines, entre ellos la compra de un rancho de lujo en el Estado de México, un yate, y la inversión en diversas propiedades en Guerrero, Ciudad de México, Veracruz, así como Texas y Florida en Estados Unidos.
“Estamos ante una operación coordinada, premeditada, con pleno conocimiento y coordinación de todos los involucrados y o el beneficiario final era el exgobernador de Veracruz que para encubrir lo utilizó a una red de personas y empresas que le permitieron enriquecerse de manera ilícita”, estableció la PGR ante el juez.
Los coacusados y las pruebas
La acusación que la PGR realizó en contra de Javier Duarte se presentó también en contra de ocho personas más, en contra de las cuales se giraron órdenes de aprehensión.
Hasta antes de la captura de Javier Duarte solo habían sido detenidas formalmente las hermanas Elia y Nadia Arzate Peralta, quienes figuraban como accionistas de la empresa Consorcio Brades, compañía involucrada en la triangulación de recursos públicos. Ambas fueron sentenciadas ya a tres años de prisión luego de que reconocieran su culpabilidad a cambio de ser condenadas por lavado pero no por delincuencia organizada.
El abogado José Juan Janeiro Rodríguez es otro de los que tenía una orden de aprehensión pero fue congelada por la PGR luego de que este accedió a cooperar con las autoridades aportando información. Su situación jurídica se resolverá más adelante.
Las personas que permanecen prófugas son el empresario Moisés Mansur, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez Nieva y Javier Nava Soria.
Las pruebas que la PGR presentó para sostener la acusación preliminar en contra de Javier Duarte y el resto de los coacusados incluyen múltiples transferencias bancarias realizadas a través del sistema SPEI, las escrituras de la constitución de empresas y documentos relacionados con la compra venta de terrenos y propiedades.
Otra prueba que la PGR presentó ante el juez y es central en el caso es la declaración del abogado Alfonso Ortega López, quien confesó haber trabajado por años bajo las órdenes de Javier Duarte y sus prestanombres para la creación de empresas fantasma en México y Estados Unidos y facilitar el movimiento de recursos económicos.
Juicio oral y casos pendientes
Si Javier Duarte es extraditado o deportado a México deberá quedar a disposición del juez que giró la orden de aprehensión en su contra: un juzgado federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
El proceso en contra de Duarte está radicado bajo las normas del nuevo sistema penal acusatorio. Esto quiere decir que se tendrá que realizar una primera audiencia ante un juez de control donde se validará la detención y la Procuraduría General de la República hará la exposición inicial del caso.
Si el juez considera que no hay irregularidades, entonces abrirá un periodo de investigación complementaria que puede ser de tres a seis meses para reunir pruebas y después dar paso a un eventual juicio oral completo. Si Duarte decide declararse culpable, el caso podría irse a un periodo abreviado y que se dicte sentencia al término de la investigación complementaria.
Además de este proceso, la PGR integra dos investigaciones más relacionadas con movimientos a través de empresas fantasma en Veracruz. Una de ellas es por 200 millones de pesos que empresas contratistas entregaron a una compañía de nombre Inmobiliaria Terra, y otra es por el caso de 20 compañías que fantasma que también recibieron recursos públicos y que fue publicado por Animal Político.
Todos los casos anteriores siguieron el mismo modus operandi: empresas de papel que triangularon recursos y que terminaron beneficiando al exgobernador de Veracruz y sus allegados.
Fuente: Animal Político
