Por Aurelio Fernández F.
Con frecuencia escuchamos el reproche de funcionarios públicos y personas de todo tipo contra los pobladores de las faldas del volcán Popocatépetl cuando éste incrementa su actividad: no quieren salirse cuando se les indica, a pesar de que su vida está en peligro, dicen; no hacen caso de la autoridad ni del sentido común. Abierta o veladamente añaden para estas personas adjetivos como necios, ignorantes o indios, una de las peores ofensas hechas en un país de indios. Pero una aproximación a estas comunidades y a la historia del problema eruptivo, que ha rebasado ya los 18 años, nos revela otra cosa, nos exhibe a otros necios, a otros ignorantes.
Mucha gente se resiste a abandonar sus casas, predios de labor y pueblos, es verdad. Su argumento central es que el volcán no les hará nada, y la evacuación, en cambio, sí. Esto ha ocurrido así sin lugar a dudas. El único daño provocado en todos los episodios eruptivos de “Don Gregorio el chino” son cinco alpinistas/camarógrafos que pretendían subir a grabar imágenes de las emanaciones del interior del cráter, y les tocó el infortunio de coincidir con la primera explosión que arrojó rocas fuera del vaso volcánico, el 30 de abril de 1996.
En cambio, cada una de las dos movilizaciones de gente, llevadas a cabo en los diciembres de 1994 y 2000, llamadas por los gobiernos evacuaciones, produjeron daños materiales a los desplazados, como la pérdida de animales y otros bienes, y desatención a las labores agrícolas; pero, sobre todo, sufrimiento por la separación de las familias y las comunidades durante el tiempo que duraron las decisiones burocráticas y absurdas en la asignación de refugios temporales y la forma de intervención gubernamental en ellos.
A los campesinos mexicanos se les ha engañado siempre, se ha abusado de ellos de todas las formas posibles; se les despoja de sus tierras para hacer pasar carreteras y edificar ciudades y todo género de infraestructuras, retribuyéndoles siempre con mendrugos o con promesas incumplidas. Por qué ha de extrañar que se resistan a las peticiones gubernamentales; por qué ha de extrañar que aseguren que el volcán fue vendido por Salinas de Gortari a los japoneses y la erupción es un pretexto para quitarles todo lo que tienen.
Además, la resistencia a la evacuación frente al peligro volcánico no es privativa de México; pueden verse casos muy similares en casi todos los volcanes del mundo. No es fácil aceptar el peligro de un cuerpo natural que lo expresa tan esporádicamente.
En cambio, los gobernantes desfilan de tres en tres o de seis en seis años actuando de manera espasmódica frente a la amenaza eruptiva. El nuevo titular de Protección Civil federal, por ejemplo, un señor de apellido Puente, ha demostrado una vez más que en este país ha sido destruido cualquier indicio de Estado –en su acepción de administración de los intereses colectivos– y comprueba que seguimos soportando que coloquen en puestos eminentemente técnicos a personas sin la formación adecuada; esta vez es un señor que viene de administrar transportistas en el estado de México. Desconoce a los científicos que han estudiado por décadas el volcán, emite indicaciones sin conocimiento de causa y declara aminorada una etapa eruptiva horas antes de que incrementen su fuerza las explosiones del Popo. Casos similares están ocurriendo por estos días en cada uno de los estados que circundan el mítico cono montañoso.
Pero el riesgo que implica el Popocatépetl no crece por el mayor peligro que representa, sino por la desatención y avaricia de gobernantes e inversionistas que edifican instalaciones humanas cada día más cerca del foco eruptivo, muchas de ellas sumamente peligrosas.
Hace alrededor de 10 años que se cuenta en Morelos, Puebla y el estado de México con un instrumento de regulación de uso del suelo que impide esta insensata expansión. Se llama, con denominaciones distintas para cada estado, Programa de Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo del Volcán Popocatépetl, y su zona de influencia. Pero los funcionarios de los tres niveles de gobierno hacen caso omiso de esta regulación, cuya inobservacia podría merecerles una sanción, por cierto. Las carreteras estrechan los flancos de la sierra Nevada y propician el crecimiento habitacional a sus lados. Las autorizaciones de Arturo Montiel como gobernador del estado de México para construir miles de casas a más de 2 mil 400 metros de altura le valieron procesos de investigación, al parecer porque era socio de esos desarrollos.
Sin embargo, el caso más irracional es el de la construcción de una termoeléctrica en la zona de lahares delPopo, en Morelos, y el temerario trazo del gasoducto que pretende abastecerlo y que corre desde Tlaxcala hasta Huexca. Desde hace más de 15 años distintas compañías y sociedades han estado gestionando las autorizaciones gubernamentales y las compras y rentas de los terrenos por los que se pretende quede asentado. Una y otra vez, científicos del Instituto de Geofísica de la UNAM, personal del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la UAP y hasta funcionarios del Centro Nacional de Prevención de Desastres les han negado las autorizaciones, pero a ellos parece no importarles. No es una obra para empresa nacional alguna, por cierto. Transportadora de Gas Zapata gestionó por primera vez en 1997 ante la Comisión Reguladora de Energía una solicitud de transporte de gas natural entre los municipios de San Miguel Xoxtla y Emiliano Zapata, en Morelos; esta empresa era socia minoritaria de inversionistas extranjeros; en los últimos años la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho las gestiones para las trasnacionales gachupinas Elecnor y Abengoa, con el nombre de Proyecto Integral Morelos.
La CFE ha mentido una y otra vez a todos los actores de este nuevo episodio de aberración e impunidad nacionales, lo que incluye la alteración del mapa de peligros elaborado por el Instituto de Geofísica de la UNAM y otros científicos internacionales, panfleto apócrifo que repartió entre la población con los trazos de las zonas de riesgo deliberadamente alteradas para convencer a los pobladores de que Geofísica de la UNAM avalaba el proyecto. El Instituto protestó y la CFE debió disculparse con la UNAM, pero no aclaró su manipulación ante los pobladores.
Los gobiernos federal y de los estados sirven de operadores para el convencimiento de pobladores y científicos, y de represores para quienes se oponen a la obra. El caso más lamentable es el de Graco Ramírez, quien echó encima de los pobladores de Huexca a la policía para que los constructores siguieran con el despropósito de edificar un engendro industrial que, además de propiciar el crecimiento urbano en las zonas de peligro, desechará las aguas sucias a otros pueblos. No sé si esto pueda llamarse comportamiento de izquierda.
Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, envía a sus operadores a presionar a los pobladores y las autoridades municipales para conseguir el mismo propósito. La gente, sin embargo, se resiste a que se haga la obra y la resistencia crece con la evidencia eruptiva del volcán.
¿Cómo hacer para que la sensatez prevalezca entre las autoridades y los empresarios extranjeros? ¿Cómo hacerles entender que el Popocatépetl es uno de los volcanes más peligrosos del mundo, que sus depósitos se hallan debajo de la catedral de la ciudad de México, que son el asentamiento de la exclusiva zona residencial Angelópolis en Puebla, o que toda la ciudad de Cuautla y muchas otras se edifican sobre los restos volcánicos?
Pero la pregunta central es: ¿quiénes son los necios? En México utilizamos el adjetivo de necio como de empecinado, pero también tiene otro: el de estulto, para no usar uno más rasposo.
Fuente: La Jornada
