Un año después de la publicación de la ley, el presidente Peña Nieto finalmente instala el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Las víctimas reconocen avances en la asistencia que el Estado dará a sus casos
Por Sonia Corona/ El País
El Gobierno mexicano ha dado el primer paso para poner en marcha la Ley General de Víctimas. El presidente, Enrique Peña Nieto, ha instalado este miércoles el Sistema Nacional de Atención a Víctimas que se encargará de construir el primer registro nacional de víctimas del delito en la historia de México y que atenderá, con asistencia jurídica y fondos económicos, a miles de mexicanos afectados por la violencia en los últimos años.
La ley fue publicada el 9 de enero de 2013 y entró en vigor un mes después sin que hasta hora hubiera señales de que su mandato fuera a cumplirse. Incluso, el poeta Javier Sicilia, que encabezó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tras el secuestro y asesinato de su hijo en 2011 y que fue el principal impulsor de la ley, acuso en octubre pasado a Peña Nieto de mantener una “simulación” al no comenzar la instalación de las instituciones para asistir a las víctimas del delito.
Peña Nieto ha explicado que el comité que administrará el sistema –integrado por 17 miembros entre sociedad civil y funcionarios de los tres niveles de Gobierno– deberá tratar a las víctimas de manera respetuosa y sensible, y que la dignidad del país está en la forma en la que se atiende a los afectados por el crimen. “Hacer justicia no solo implica que los culpables, reciban el castigo y la sanación que la ley prevé y merece, sino también reivindicar los derechos de las víctimas. En esta misión colectiva los poderes públicos, los tres órdenes de gobierno, y la ciudadanía en general debemos trabajar de manera conjunta, armonizada, y sobre todo en este compromiso que hoy se establece en la ley que sin duda mandata para el Estado Mexicano y para la sociedad en general dar atención a las víctimas”, ha dicho.
El sistema establecerá y supervisará los programas y las acciones para apoyar a las víctimas. A su creación seguirán la instalación de una comisión ejecutiva de atención y un órgano de asesoría jurídica. Entre los objetivos de la Ley General de Víctimas está “reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos”, según dicta el texto de la ley.
El empresario Alejan dro Martín, que sufrió el secuestro y asesinato de su hijo en 2008, ha expresado que la instalación del sistema demuestra que el reclamo de la sociedad civil, para que el Estado auxilie a las víctimas de delitos, ha avanzado y ha tomado forma dentro de los proyectos de la administración del presidente Peña Nieto. “Me siento contento porque esto que se hizo compagina perfectamente bien con la Ley de Víctimas y se va a seguir atendiendo a las víctimas y se van a invertir recursos, económicos y humanos de tanta gente que ya estaba trabajando en ello”, ha comentado a EL PAÍS. Martí ha señalado que la construcción del registro nacional de víctimas servirá para dar seguimiento a los casos, principalmente de desaparecidos, que han ocurrido en los últimos años. “Lamentablemente mucho del pasado ya se perdió pero yo creo que sí es muy importante tratar de recuperar toda la información o los reclamos anteriores y los que vengan”.
A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas y la implementación de este sistema, el Estado está obligado a compensar económicamente a las víctimas. La activista Isabel Miranda de Wallce, que padeció el secuestro de su hijo en 2005, ha reconocido que estas compensaciones es uno de los puntos más destacados del nuevo sistema, pero advierte que la ausencia de un tiempo de respuesta en los casos de las víctimas abre periodos de incertidumbre para las familias afectadas. “Lo que espero es que esta sistema realmente responda a las necesidades de las víctimas y no se vuelva un elefante blanco burocratizado, y por otro lado esperaríamos que se le den las suficientes facultades y el suficiente presupuesto para que puedan actuar conforme a lo que estamos viviendo en este país”, ha expresado.
Julio Hernández, antiguo miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y ahora comisionado de Sistema Nacional de Atención a Víctimas, ha expresado que los familiares de las víctimas –como él—están complacidos con la instalación del organismo que atenderá los casos y con que la ley contemple la participación de la sociedad civil. “Yo no quiero un registro de números, esas estadísticas que las siga haciendo el INEGI, nosotros queremos un registro de víctimas vivo, que cuente historias, que nos diga quienes eran las víctimas y cómo va su nivel de atención”, ha comentado en entrevista con EL PAÍS. Hernández se movilizó desde 2011 al lado de Sicilia para pedir la atención de los casos, principalmente de desaparecidos, y asegura que el sistema dará más formalidad a esta labor. “Para mí es hacer lo mismo que antes desempeñaba sin dinero, pero ahora haciéndolo con dinero del Estado y eso facilita mucho las cosas porque todo este activismo que estuve haciendo, lo hice con mi propio dinero que es insuficiente si lo comparo con el dinero del Estado”.
La atención a las víctimas del delito en México ha tenido un sinuoso camino. Sicilia fundó en 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia Digna que movilizó a cientos de mexicanos a las calles e impulsó la creación de la ley que llegó al Congreso en 2012. Durante el proceso legislativo, el entonces presidente Felipe Calderón presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque la consideraba que se trataba de una ley inviable. Cuando Peña Nieto asumió la presidencia en diciembre de 2012, anunció que desistiría de la controversia sostenida por su antecesor e impulsó la promulgación de la norma.
Fuente: El País
