El Movimiento Popular Guerrerense cumplió su amenaza de comenzar una serie de protestas para impedir el desarrollo del proceso electoral
Las acciones para impedir los comicios del 7 de junio arrancaron a la par de las campañas en Guerrero, donde funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron retenidos y encarcelados en una prisión comunitaria por el Movimiento Popular Guerrerense (MPG).
Al menos durante el primer día de campaña, el movimiento -integrado por el magisterio disidente, organizaciones sociales y campesinas, así como familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa- cumplió su promesa de intentar boicotear, de manera sistemática, el proceso electoral en aquella entidad.
En la región de la Montaña, específicamente en el distrito electoral de Tlapa de Comonfort, los integrantes del MPG impidieron que los consejeros distritales realizaran la sesión donde aprobarían las candidaturas a diputados federales.
La irrupción de los manifestantes obligó al Instituto Nacional Electoral a poner en marcha un plan de emergencia. De acuerdo con David Alejandro Arroyo, vocal ejecutivo en Guerrero, “ya estamos revisando estrategias para que se cumpla lo que se detuvo, que fue el registro de las candidaturas, tener una salida, estamos en ello y pronto lo informaremos”.
Según la versión del Consejo General del INE, el sábado por la mañana “integrantes del Movimiento Popular Guerrerense detuvieron y retuvieron durante dos horas y en contra de su voluntad al Vocal Ejecutivo Distrital del INE en Tlapa de Comonfort, Salvador Basurto Espinobarros, para exigirle la cancelación de las elecciones en Guerrero”.
Además, “el grupo agresor también golpeó, tomó y se llevó a Alberto Lirio González Balbuena, técnico de la Junta Distrital, a quien retuvo en la cárcel comunitaria de Espino Blanco, para posteriormente liberarlo la madrugada del domingo”.
El INE denunció que los “hechos ocurridos en la plaza de Tlapa fueron públicos y existe evidencia de las agresiones físicas a que fue sometido Alberto Lirio González, así como del hostigamiento y violencia contra otros funcionarios y ciudadanos”.
En reacción, el órgano electoral condenó “enérgicamente los hechos ocurridos en Tlapa, pues atentan contra derechos fundamentales de funcionarios del Instituto quienes trabajan para garantizar que los ciudadanos guerrerenses puedan ejercer libremente su derecho a votar y elegir a sus representantes”.
Y abundó que el “INE ha hecho pública su postura de respetar las movilizaciones y manifestaciones sociales por ser parte consustancial de la vida democrática; sin embargo, considera inaceptable cualquier acto de violencia que atente contra la libertad y la integridad de los mexicanos, como los registrados”.
Aunque en los distritos de Tlapa de Comonfort, Chilpancingo y Acapulco existe un vacío de autoridad electoral debido a que el movimiento popular mantiene el control de sus sedes, el INE “continuará trabajando a fin de que todos los mexicanos podamos manifestar pacíficamente en las urnas la decisión sobre nuestros representantes”.
En la víspera, Marisela Reyes, consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral de Guerrero, reconoció que la autoridad electoral es inexistente en Tlapa, por lo que no había condiciones para organizar tanto la elección para gobernador, diputados locales y alcaldes como para diputados federales en aquella región.
Fuente: 24 Horas
