Por Anaíz Zamora Márquez/ Cimac
Cansadas de la reiterada negativa del gobierno para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en estados donde se ha solicitado, activistas de Morelos, Michoacán, Nuevo León y el Estado de México se trasladaron a esta ciudad para manifestarse y exigir una reunión con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong.
No hubo respuesta. De hecho les impidieron manifestarse con el argumento de que debían hacerlo sobre la avenida Insurgentes.
Al filo de las 11 de la mañana, llegaron a las inmediaciones de la dependencia –en avenida Bucareli, donde desde hace varios días el Movimiento Antorchista Nacional mantiene un plantón–, para colocar lonas con fotografías de jóvenes asesinadas y zapatos rojos para simbolizar a todas las mujeres desaparecidas en el país.
Antes de que las defensoras de DH pudieran colocar las mantas, policías federales que custodian el recinto les dijeron que “se respeta el derecho a la libertad de tránsito y de expresión, pero se debe ejercer sobre la calle de Insurgentes (sic)”.
Fue en vano que las activistas intentaran dialogar con los policías y explicar que su protesta era pacífica, por lo que varias de ellas tuvieron que trasladarse a una cuadra de distancia, sobre la calle de Abraham González.
Las mujeres que se quedaron pidieron que se les permitiera el acceso a la Segob, para solicitar formalmente una reunión con Osorio Chong, pero la respuesta fue que el funcionario “no se encontraba”, y que la única opción era entregar un documento con la solicitud.
Sorprendida por la respuesta Martha Figueroa Mier, directora del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, acotó:
“Mientras ellos nos miran en silencio y nos responden con puertas cerradas, más mujeres son desaparecidas en el país o son asesinadas de forma brutal”.
Conscientes de que no tenían otra opción que hacer la solicitud formal, las activistas redactaron y entregaron una carta en la oficialía de partes de la Segob.
En la misiva –cuya copia tiene Apro– se solicitó al secretario de Gobernación “una reunión urgente de trabajo debido a la gravedad de la violencia contra las mujeres, que se ha visto reflejada en feminicidios y desapariciones”, y se ha agravado debido a la inoperancia del mecanismo de protección, es decir de la AVG.
“Como es de su conocimiento –le dicen a Osorio Chong en la carta– las solicitudes (de AVG) presentadas han sido negadas”, lo que ha llevado en los casos del Estado de México, Nuevo León y Chiapas a interponer recursos legales en los que se obliga al gobierno federal a realizar investigaciones, sin que hasta hoy se conozcan los resultados.
En Morelos y Guanajuato, aunque ya se cuenta con investigaciones y se emitieron recomendaciones a los gobiernos locales, hasta la fecha se ha postergado el dictamen de cumplimiento de las recomendaciones, y por tanto se encuentra detenida la decisión de decretar la AVG para esas entidades, abundaron las activistas.
En el documento se hace un recuento de las solicitudes de alerta presentadas en Guanajuato (en tres ocasiones), Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Chiapas, Colima y Michoacán. Además recientemente se presentó una para Baja California.
Burocracia judicial
María de la Luz Estrada, coordinadora nacional del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), explicó a esta agencia que se solicitó la reunión con Osorio Chong porque según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), él es el responsable de declarar las AVG.
Previamente, denunció, se solicitó que el secretario informe las razones por las que las solicitudes no han avanzado y Osorio Chong se ha excusado con que “esa no era su responsabilidad porque las AVG son parte de un proceso”, apuntó Estrada.
“Nos parece alarmante el hecho de que las solicitudes se han judicializado y burocratizado, con el objetivo de desgastar a las organizaciones sociales, cuando el objetivo es que el mecanismo sea inmediato, sobre todo ahora que para muchas mujeres no existen derechos. Por ejemplo, la libertad de tránsito ya no existe, cuando sales a la calle te desaparecen”, fustigó la activista.
Después de entregar la carta, las mujeres que lograron quedarse en la entrada de la Segob se reunieron con sus compañeras que pusieron zapatos rojos frente a las vallas de protección colocadas a una cuadra de la dependencia.
Ahí, frente a los medios de comunicación, Martha Figueroa reprochó la actitud de las fuerzas policiales de impedir la manifestación y de los funcionarios por no aceptar reunirse con las activistas.
En declaraciones a Apro, Juliana Quintanilla, directora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), dijo que el incremento del feminicidio rebasa las posibilidades de las entidades, por lo que es importante que el secretario de Gobernación revise las solicitudes que se han presentado para analizar la posibilidad de decretar la AVG.
Agregó que aunque en Morelos ninguna de las 15 recomendaciones emitidas por un Grupo de Trabajo para detener la violencia feminicida fue atendida –e incluso aumentó el número de casos–, la Segob no sólo bloquea la activación de la AVG, sino que no presta la atención necesaria ante este flagelo.
“No confiamos en las autoridades federales, pero sí señalamos que es su obligación atender esta violencia, y por ello exigimos la reunión”, finalizó Quintanilla.
En tanto, Carolina Ramírez Suarez, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, dijo que ante el reciente incremento de casos de feminicidio y desaparición de jóvenes en Veracruz, las organizaciones civiles de la entidad se declararon en “Alerta Ciudadana de Violencia de Género”, y anunció que en breve se presentará una solicitud formal de AVG para la entidad.
Fuente: CIMAC Noticias/ Proceso
