Policías estatales y preventivos, custodios de los centros penitenciarios, agentes de tránsito y bomberos realizaron un paro de laborales, luego del despido de casi 400 elementos de distintas corporaciones policiales por presuntamente reprobar las pruebas de confianza. Además, denunciaron que 36 policías que fungieron como escopeteros durante el desalojo en San Bernardino Chalchihuapan fueron detenidos y existen versiones de que se les pretende imputar la muerte del menor Chalchihuapan
Concentrados en los patios de la Policía Estatal Preventiva, los uniformados se quejaron de que el gobierno de Rafael Moreno Valle citó a decenas de ellos en las instalaciones de la Academia Policiaca para obligarlos a firmar sus renuncias y a aceptar el pago de un finiquito menor a lo que les corresponde por ley.
Los quejosos aseguraron que mientras los altos mandos siguen en sus cargos y algunos de ellos hasta han sido premiados con ascensos por el operativo, los granaderos, que “sólo recibieron órdenes” ese 9 de julio, están amenazados de que procederán en su contra, para dar cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los policías dijeron que ellos mismos también son víctimas de la “Ley Bala” promovida por el gobernador Moreno Valle, sólo cumplieron órdenes de proceder contra los pobladores de Chalchihuapan y que también resultaron heridos y arriesgaron sus vidas.
“Gobernador tú eres el responsable del caso Chalchihuapan. Sólo cumplimos tus órdenes. No me corras por tus actos”, “Gobernador corres estatales para meter a tu gente. No más despidos injustificados, Cumple tus promesas”, “No a los despidos injustificados”, decían los carteles colocados afuera de las instalaciones.
“Parece ser que lo que buscan es orillarnos a que nos sumemos a las filas de la delincuencia organizada”, se quejó uno de los policías, quien refirió que recientemente el grupo de Los Zetas colocó una manta en el municipio de Esperanza, en la cual ofrecía reclutar a uniformados, ministeriales y elementos del Ejército que quisieran trabajar para ellos.
La manifestación fue iniciada por policías estatales cesados y en funciones que reclamaron por la ilegalidad de los despidos. Más tarde, se unieron a ellos, custodios, agentes viales y bomberos despedidos por no aprobar los exámenes de confianza.
Algunos elementos cesados aseguraron que el examen de control de confianza es sólo un pretexto para justificar sus despidos, pues en años recientes han aplicado esas mismas pruebas sin que les fuera detectada ninguna irregularidad.
“Me dijeron que habían detectado irregularidades con mi certificado de secundaria. Fui a Veracruz para obtener documentación que comprueba que mis papeles sí son legales, pero antes de que pueda presentarlo, ya aparecí en la lista como cesado”, explicó uno de los policías despedidos.
Otro mencionó que tiene apenas dos años que aprobó pruebas de confianza sin mayor problema. “En este tiempo nada ha cambiado, no puede ser que ya no los pase, y ni siquiera me dejan saber qué es lo que me están detectando”, reclamó.
Además, apuntó que, con 24 años de servicio, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública estatal sólo le ofrecen pagar un finiquito de mil pesos por año trabajado, lo que no corresponde con sus derechos laborales.
“Si nos va a despedir, al menos que nos paguen lo que por ley nos corresponde que sería 30 mil pesos por año, no los mil que nos quieren dar”, expresó.
Dijo que con más de 40 años de edad y con el antecedente que tendrá ahora de haber sido cesado por reprobar exámenes de confianza, difícilmente podrá encontrar otro empleo para mantener a su familia.
“Parece ser que le están haciendo el trabajo a los grupos delincuenciales, porque despiden a tantos al mismo tiempo y sin pagarnos lo que nos toca ¿Cómo vamos a sacar adelante ahora a nuestras familias?”, se quejó el policía.
En una rueda de prensa, un representante de los elementos cesados dijo que están pidiendo que las autoridades accedan al diálogo para plantearles cinco puntos: indemnización de acuerdo con la ley, homologación salarial, legalidad laboral, respeto a la jornada de trabajo y no dejar antecedente laboral en los ceses.
Fuente: Apro
