La petición fue hecha en un informe que la Policía entregó a la Corte Suprema tras una pesquisa para investigar el presunto pago de sobornos.
La Policía Federal concluyó que hay indicios de que el presidente de Brasil, Michel Temer, y otras diez personas deben ser investigadas por su presunta vinculación en delitos de corrupción pasiva, activa, lavado de dinero y organización criminal.
En un informe entregado al Supremo Tribunal Federal, la policía alega que Temer utilizó como fachada empresas de sus amigos para recibir coimas en el sector portuario, todo bajo un complejo entramado financiero, recoge O Globo. En esa maraña también estaría implicada Marisela, la hija del presidente brasilero.
El documento fue avalado por el delegado Cleyber Malta Lopes, y será canalizado por la Fiscal General de la República, Raquel Dodge, quien deberá evaluar si procesa o no al mandatario por esos hechos. En caso afirmativo, sería la tercera investigación contra Temer en lo que lleva en el cargo.
Los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero también afectan al coronel João Baptista Lima y a su mujer María Rita Fratezi, además de su socio Carlos Alberto Costa y su hijo, Carlos Alberto Costa Filho.
Entre los acusados por corrupción pasiva figuran el empresario Antônio Celso Grecco y su subordinado Ricardo Mesquita, de la empresa Rodrimar, y Gonçalo Torrealba, del grupo Libra. Estas personas han sido señalados de ser los presuntos responsables de pago de coimas a cambio de contratos y beneficios en la administración pública.
Después de 13 meses de pesquisas, la Policía Federal incluso ha pedido el bloqueo de bienes del mandatario y su hija, refiere Folha. Entretanto, han solicitado prisión preventiva para Lima, los Costa, y el contador Almir Martins Ferreira, señalado como sospechoso de operar la empresa fachada que recibiría los sobornos para Temer.
Las averiguaciones empezaron a raíz de la promulgación de un decreto firmado por Temer, que prorrogó el plazo de concesión para las empresas portuarias. Las autoridades presumen que el mandatario recibió jugosos beneficios para impulsar esa normativa.
Los abogados defensores de los acusados, incluido el presidente, no se han pronunciado porque aún no han tenido acceso al informe final.
Fuente: RT
