Integrantes de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social acusaron a la policía estatal de Baja California de los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana en el Valle de San Quintín.
Lucila Hernández, miembro de dicha agrupación, dijo que la policía irrumpió en varias comunidades de la delegación Vicente Guerrero, donde residen los principales dirigentes del movimiento jornalero, con la idea de detenerlos.
Incluso, refiere que ella visitó el fin de semana, junto con seis observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las comunidades de Lomas de San Ramón, San Juan Copala y Díaz Ordaz, donde se concentraron las agresiones.
Con base en los relatos recabados, la activista cuenta que la madrugada de ese día los jornaleros fueron sorprendidos por 20 patrullas y un “tanque” de las autoridades estatales, cuando descendían de sus viviendas para ir a trabajar.
Los uniformados, prosigue, arremetieron sin motivo alguno contra los jornaleros cuando se dirigían a sus centros de trabajo agrícola; incluso, dice que allanaron algunas viviendas (al menos cinco) donde se refugiaban mujeres, menores de edad y personas adultas mayores.
Por esa razón, refiere que respondieron a las agresiones.
Las mujeres también fueron agredidas. Según Hernández García, la mayoría de ellas fueron arrastradas por los uniformados mientras intentaban defender a sus familias, sus animales y sus casas.
Dos adultas mayores que estaban en uno de los campamentos de protesta que se encuentra sobre la carretera Transpeninsular y una mujer que observaba los hechos desde un local de motores fueron golpeadas en el cuerpo por los uniformados.
La activista del movimiento jornalero no tiene claro cuántas bajas sufrieron, sólo dice que hubo varios heridos por el impacto de balas de goma. La mayoría fue atendida en el Hospital Rural 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentra en la colonia 13 de Mayo, de la delegación Vicente Guerrero.
Además, 14 personas fueron detenidas y trasladadas hasta la cabecera del municipio de Ensenada. Entre ellas, una jornalera de nombre Agustina Luna Santos –liberada la tarde de ayer junto con cuatro menores de edad–, quien fue arrestada por los uniformados mientras buscaba el apoyo de una ambulancia.
De acuerdo con el testimonio de Agustina –que compartió con los observadores de la CNDH–, la mujer fue violentada psicológica y verbalmente por los agentes judiciales, quienes la amenazaron de acusarla de “delitos graves” si no señalaba la vivienda de los líderes del movimiento.
Luego de los enfrentamientos, los jornaleros decidieron usar piedras para bloquear los caminos y resguardaron un tanque blindado de la policía estatal para impedir nuevos actos represivos.
Según la activista, un día después de estos hechos, el subsecretario de Gobierno del estado, Pablo Alejo López Núñez, se reunió con los voceros de la Alianza para negar que él hubiera ordenado la represión contra las y los jornaleros, y aseguró que si el movimiento desbloqueaba la carretera entonces el gobierno del estado accedería a liberar a las personas detenidas.
Lucila Hernández asegura que una parte de los habitantes de la delegación Vicente Guerrero “resguardan la comunidad ante la expectativa” de nuevas agresiones” y que el resto de habitantes fue a trabajar.
“La gente no tiene miedo, tenemos coraje, dolor, tristeza de este gobierno que en vez de darnos solución está reprimiendo e intenta matar a nuestro pueblo”, dice.
A la par de estas declaraciones, la directora de la Casa de la Mujer Indígena, Margarita Amalia Cruz Cruz, señaló en entrevista que apenas supo de los hechos llamó de inmediato a los habitantes de la delegación Vicente Guerrero (a 40 minutos de la organización), quienes confirmaron la agresión y aseguraron que los policías estatales iban en busca de los líderes, según lo que les iban gritando.
La defensora de los derechos de las mujeres cuestionó que la policía estatal estuviera afuera de las casas de una comunidad que se ubica a más de 600 metros arriba de la carretera Transpeninsular, en el horario en que las familias salían a trabajar, lo que a todas luces hace ver los hechos como una “provocación” por parte de las autoridades de la entidad.
Cruz Cruz explica que desde la marcha del pasado viernes hubo presencia de “infiltrados” que buscaban disolver las negociaciones que ese día habrían de llevarse a cabo con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, quien no asistió a la mesa porque “no había transporte” y aún no concluían los trabajos previos.
Sin embargo, los integrantes del movimiento jornalero pidieron a los manifestantes que se retiraran del lugar a fin de descubrir a los “provocadores”.
Tras deslindarse de los hechos represivos, Miranda Nava se comprometió a reanudar la mesa de diálogo con las y los jornaleros este miércoles 13 de mayo para responder si habrá aumento de salario a 200 pesos como mínimo.
Fuente: Proceso
